Los militares salieron éste miércoles a las calles de Lima tras la declaratoria de estado de emergencia por la ola de criminalidad, en medio del escepticismo generalizado de la población frente a este tipo de medidas, constató la AFP.
El gobierno interino del derechista José Jerí declaró la medida el martes en la noche, que le permite restringir derechos como las reuniones o la movilidad en motos y contempla la militarización de las calles limeñas.
El decreto regirá en principio por 30 días en Lima y el vecino puerto del Callao.
«Ya lo hemos tenido antes (…) y el estado de emergencia no ha ayudado en nada», dijo a la AFP Katrina, una abogada de 46 años que pidió reserva de su apellido, sobre la declaratoria que cobija a cerca a 10 millones de personas.
«Necesitamos otras medidas», agregó cuando caminaba en una calle de Miraflores, el distrito turístico de Lima.
Los peruanos enfrentan una severa crisis de inseguridad por el crimen organizado, que ha desencadenado en múltiples protestas.
Las movilizaciones han sido lideradas por la Generación Z, un colectivo de jóvenes entre 18 y 30 años, en repudio al Congreso y al gobierno de derecha recién instalado de José Jerí, que reemplazó a la destituida Dina Boluarte.
La mandataria fue removida tras un juicio político exprés el 10 de octubre por la crisis de inseguridad.
La violencia ha gestado un descontento entre la población que culminó con protestas masivas el 15 de octubre, con un muerto y un centenar de heridos.
«En cada momento nos sentimos amenazados. No sabemos si vamos a volver a casa», dijo la ama de casa Lidia Osorio, de 50 años.
Asegura que no se siente segura con la policía ni los militares por la «corrupción».
Entre marzo y julio rigió el estado de emergencia en la capital y el puerto del Callao, pero no logró revertir la curva de inseguridad.
Algunos limeños, como Osorio, anhelan la mano dura de gobiernos como el de Nayib Bukele en El Salvador, pese a que organizaciones humanitarias lo cuestionan por su deriva autoritaria y abuso de derechos humanos.
Para el estudiante Daniel Ayala, de 21 años, la llegada de Bukele a la presidencia fue un «golazo» para el país centroamericano.
Las denuncias de extorsión en Perú pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17.000 en 2024. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.
