El trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad Ampliado, en el que participan la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de la Defensa, logró una importante victoria en contra del crimen organizado el pasado fin de semana, ya que fueron decomisados 168 kilogramos de cocaína, valorada en $4.2 millones, en lo que fue la tercera incautación en menos de dos meses. Hasta agosto, el monto de la droga decomisada por el Gobierno a las estructuras criminales suma $96 millones.
La del fin de semana fue una acción coordinada por elementos de seguridad en tierra con la Fuerza Naval, y permitió interceptar una lancha y una embarcación con rumbo hacia Nicaragua.
Ambas acciones, el patrullaje en tierra y el operativo en mar abierto, forman parte del Plan Control Territorial, el cual busca combatir todos los tipos de delincuencia, desde las pandillas en barrios, colonias, cantones y caseríos hasta la criminalidad transnacional, que trafica con drogas, personas y armas.
El compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele de llevar tranquilidad a todos los salvadoreños pasa por la implementación total del Plan Control Territorial, el cual estuvo bloqueado por la vieja Asamblea Legislativa. ARENA-FMLN y sus aliados impedían el financiamiento de las fases que incorporaban el despliegue territorial y el combate a los grupos delincuenciales, en un esfuerzo por minar la imagen del presidente debido al éxito con la implementación de la primera fase del plan.
Ahora vemos que el Plan Control Territorial está cosechando éxitos al reducir los homicidios y el resto de los delitos, lo que demuestra que, cuando se pone en primer lugar a la familia salvadoreña, hasta lo que parecía imposible se logra poniendo el mejor esfuerzo. Además, pone en evidencia que ARENA y el FMLN tuvieron nula voluntad de enfrentar directamente a las pandillas y al crimen organizado y que, por el contrario, mantenían negociaciones de cara a las elecciones.
Producto del Plan Control Territorial hay más de 20,000 condenados por homicidio guardando prisión. Sin embargo, como parte del componente social del proyecto, también se implementó en las cárceles el plan Cero Ocio, el cual pretende que los reos que buscan la rehabilitación tengan herramientas para reinsertarse en la sociedad.
La eficiente administración de los centros penales ha logrado reducir el hacinamiento del 139.6 % al 8 % en dos años, gracias a la ampliación del centro penal La Esperanza, pero también a la implementación del orden y la disciplina en lo que durante los gobiernos pasados eran universidades del crimen y centros de operaciones de las pandillas.
