El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este lunes, que presentará dos iniciativas de ley con las que se busca fortalecer el combate a las pandillas que son las responsables de cometer miles de homicidios, extorsión y otros delitos en el país.
El mandatario explicó que los proyectos contemplan la creación de una cárcel de máxima seguridad específicamente para pandilleros y reformas legales para aumentar las penas para algunos delitos de alto impacto.
«(Se pretende) avanzar para construir un país que sea más seguro para las familias que habitan en todas las esquinas de nuestro territorio. Para lograr este gran proceso de cambios debemos dar golpes claros a uno de los principales enemigos del pueblo de Guatemala y este es el crimen organizado», dijo Arévalo.
La viceministra de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza, Claudia Palencia, detalló que una de las iniciativas es la Ley de Fortalecimiento Penitenciario y de tratamiento ante grupos delictivos organizados u organizaciones criminales autodenominadas maras o pandillas.
Sobre la creación de una cárcel de máxima seguridad para pandilleros se busca que las instalaciones cuenten con «mecanismos de vigilancia extrema» para monitorear todo el contacto de los reclusos y sus visitas las 24 horas del día y los siete días de la semana.
Además, la viceministra detalló que no habrá más de dos privados de libertad por celda, tendrán una base de identificación facial y registro de voces de los reos, y las audiencias se llevarán a cabo en la cárcel, por videoconferencias. Se prohibirán las encomiendas y quedará a criterio del director de sistema penitenciario, el aislamiento de los privados de libertad de hasta 30 días prorrogables.
Dentro de la propuesta se incluye que las penas por extorsión y usura aumentarán de ocho a 15 años (ahora son de uno a 6 años). Además, los extranjeros que cometan el delito de usura serán expulsados del país inmediatamente, detalló el presidente. A los culpables por extorsión les inhabilitan las cuentas bancarias y servicios financieros.
Arévalo explicó que modificarán el Código Procesal Penal para eliminar la posibilidad de medidas sustitutivas para los delitos de extorsión, obstrucción extorsiva del tránsito y exacciones intimidatorias (amenazas).
«Confiamos en que el Congreso apruebe estas reformas con celeridad y ponga la seguridad del pueblo primero», aseguró el mandatario.
De acuerdo con el presidente, las medidas reflejan las acciones concretas para lograr el objetivo de combatir al crimen organizado que acecha la nación.
La semana pasada, el Ministerio de Gobernación graduó a 3,223 agentes de la Policía Nacional Civil, siendo una de las promociones más grandes en su historia, «lo que permitirá contar con mayor número de oficiales en las calles para garantizar la seguridad de la ciudadanía», explicó Arévalo.
«Le estamos dando a la policía las herramientas y el respaldo necesario para seguir golpeando al crimen organizado y al narco donde más les duele y a volver nuestras calles más seguras», detalló.
La mayoría de los crímenes reportados se deben a pugnas entre pandilleros del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha quienes se disputan el control del territorio, situación similar a la que se vivió en El Salvador en gobiernos anteriores [2009-2018]. En ocho meses de 2025, en Guatemala se registran 2,154 homicidios, una cifra superior a la del mismo periodo de 2024, cuando hubo 1,816 asesinatos.
Medios locales, aseguran que la situación es tan severa que miles de guatemaltecos también son extorsionados y que, en muchos casos, las amenazas se originan desde las cárceles.
Resurge una nueva pandilla
Desde abril, las autoridades habían advertido de una nueva pandilla identificada como «Breaks 33» que delinque, principalmente, con el narcomenudeo y extorsión en sectores como la zona 6 capitalina y Villa Nueva.
Las investigaciones han revelado que esta pandilla está conformada por personas deportadas de EEUU, presuntamente exmiembros de otras pandillas, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.
Según datos oficiales, hay unas 12,000 personas vinculadas directa o indirectamente a las pandillas, de las cuales alrededor de 3,000 están en la cárcel.
Criminalidad en el Estado
Este año, un informe de la Policía Nacional Civil (PNC), citado por Prensa Libre estableció que la criminalidad en Guatemala ha escalado al punto de que las pandillas ya buscan operar como verdaderas empresas del crimen, extendiendo su influencia hasta las instituciones del Estado.
El medio local detalló que «las maras han tejido estructuras financieras que les permiten operar como empresas del crimen, у tienen nexos directos con actores políticos. El poder de esas organizaciones también se manifiesta en las cárceles».
El informe detalló que las maras han creado un pensamiento empresarial y ha constituido asociaciones, oenegés y sociedades mercantiles legalmente registrada y que funcionan como fachada de transporte colectivo y otros.
