Las 22 prisiones de Guatemala cumplieron 10 años de hacinamiento y, solo este año, el índice de denuncias de delitos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), reportó una tasa de ocupación de 342 % por cada 100,000 habitantes, una de las más altas de América Latina.
La investigación, con datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), indica que de enero hasta el 30 de junio de 2025 había 23,382 privados de libertad en instalaciones con capacidad para 6,842 personas.
Del total, 6,831 reos (el 29.2 %) se encuentran en prisión preventiva y 16,551 cumplen una condena.
Sin embargo, para el investigador de CIEN, Wálter Menchú, hay necesidades urgentes que atender, ya que los reclusos que cumplen prisión preventiva suelen tener espacios más reducidos que los privados por condenas, quienes, «por lo general, se encuentran en granjas de rehabilitación, donde los espacios son más amplios y les permiten hacer actividades laborales y recreativas», detalló durante una transmisión en vivo en la plataforma de Facebook para la presentación del documento.
«Hay más de tres personas ocupando un espacio que estaba destinado a una sola persona», expuso el investigador.
A criterio del experto, este problema se ha prolongado desde hace décadas, pues, aunque más personas han sido recluidas en los penales, no ha habido una ampliación o nueva construcción acorde con la nueva realidad.
«Cada vez se fueron saturando más las cárceles con todos los riesgos, los problemas de seguridad, los problemas de control interno para que no se cometan delitos como se ha venido demostrando, [y esto] es un problema grave que todavía persiste. La pregunta que nos hacemos es hacia dónde va el sistema penitenciario», apuntó Menchú.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, que se unió a la presentación, admitió que desde las cárceles operan los criminales y hasta ahora la única garantía es que no hay riesgo de una fuga masiva, pero no tienen ningún control sobre ellas.
«No tenemos que olvidar que el sistema penitenciario tiene una característica muy importante, y es que como lo he señalado y lo han señalado algunos otros estudiosos del tema, es un ecosistema criminal. Tiene una dinámica relativamente autónoma en relación con el control del Estado», manifestó.
«Un sistema donde los centros carcelarios como espacios de convivencia están hacinados hace casi imposible que el Estado tenga el control de los centros», señaló.
Jiménez dijo que para retomar el control carcelario es indispensable apostar por cambiar y construir la infraestructura, así como mantener controles internos, «fundamentalmente el control de los ingresos de visitas y los controles disciplinarios a los guardias».
«Hay que apostarle al fortalecimiento de los guardias penitenciarios, a ese recurso humano. Son alarmantes los niveles de corrupción que hay en los centros», resaltó.
Otro aspecto es el uso de la tecnología para tener control y vigilar el comportamiento de los reos y guardias «para que tengan el menor con – tacto físico posible», agregó.
El ministro expuso que actualmente los prisioneros y los guardias tienen un contacto casi permanente que pone en riesgo los controles.
