En poco más de dos años, el presidente Nayib Bukele transformó El Salvador. De ser uno de los países más peligrosos del mundo, con la tasa de homicidios más alta, ahora es la nación más segura del hemisferio occidental.
Gran parte del éxito del Plan Control Territorial tiene que ver no solo con que el presidente Bukele ha tenido la voluntad, valentía y decisión de implementar una guerra frontal contra las pandillas — al romper el ciclo de negociaciones y extorsiones que caracterizaron a los gobiernos de ARENA y del FMLN—, sino también por la vigencia del régimen de excepción.
Gracias al régimen de excepción y a la serie de reformas aprobadas por la nueva Asamblea Legislativa, las autoridades de seguridad pública y el sistema de justicia (previamente depurado y comprometido ahora con el bienestar del pueblo) han enviado a prisión a más de 80,000 integrantes y colaboradores de las maras. El crimen, no obstante, no ha desaparecido, como lo demuestra el asesinato de una mujer en Chalchuapa.
Sin embargo, la diferencia es que el asesino, compañero de vida de la víctima y padre del bebé que esperaba, fue detenido pocas horas después de cometer el homicidio. Otros delitos, no violentos, han disminuido, pero todavía persisten.
De ahí que las autoridades no cesan los esfuerzos para combatir a los criminales en todos los niveles y estratos sociales, incluso si son policías (como los detenidos esta semana por traficar drogas) o empleados de instituciones de Gobierno (como el motorista de la Fiscalía General de la República capturado por acosar a menores de edad).
Para dotar de mejores herramientas legales y eliminar estas conductas ilegales en el país, la comisión de seguridad nacional de la Asamblea Legislativa estudia las reformas de los códigos Penal y Procesal Penal para endurecer las penas contra los delincuentes que roban, estafan, hurtan o receptan objetos robados.
El objetivo de la reforma es proteger los derechos de las víctimas de los delitos con mayor incidencia. En el caso de las estafas, por ejemplo (que proliferan en las redes sociales), se incrementó la pena de cinco a ocho años y se incorporaron nuevas modalidades y agravantes, como el uso de tarjetas de crédito, débito o pago digital.
También se les dará más tiempo a las autoridades, en este caso a la Fiscalía, para recabar las pruebas en contra de los criminales para salvaguardar así los intereses de las víctimas.
