El Ministerio de Hacienda registró la recaudación de más de $100 millones el año pasado como resultado de aplicar la ley de amnistía que exoneró a los contribuyentes de intereses, mora o multas por el incumplimiento del pago de tributos con el fisco.
Marvin Sorto, director general de Impuestos Internos, explicó ayer a los diputados de la comisión de hacienda y especial del presupuesto el alcance de este tipo de disposiciones, en el marco del estudio de una nueva amnistía fiscal (ver nota secundaria).
«En la amnistía de 2023 se acogieron más de 36,000 salvadoreños, de los cuales se obtuvo una recaudación de más de $100 millones, y el 57 % de esos ingresos correspondió a pequeños contribuyentes que se apegaron a ese proceso», aseveró.
Sorto agregó que la iniciativa permitió que se inyectara na la economía $33.9 millones que se exoneraron en concepto de multas e intereses, de los que el 79 % corresponde a otros contribuyentes.
«Al cierre de 2023, el 59.4 % de la carga fiscal de este país la sostiene los grandes contribuyentes, y eso denota que estos procesos de amnistía benefician a las grandes mayorías del pueblo salvadoreño que por una u otra razón no han podido apegarse a un proceso para realizar sus pagos correspondientes en materia de impuestos», detalló el funcionario de Hacienda.
La última disposición especial en ese sentido que aprobó la Asamblea Legislativa fue con el decreto 875, el 1.º de noviembre de 2023, que establecía el otorgamiento de un plazo razonable para que los contribuyentes regularan su situación tributaria.
Esa ley facilitó que los sujetos pasivos que acumulaban diferentes deudas con el fisco solventaran los pagos pendientes, lo que permitió que el Ministerio de Hacienda registrara un aumento sustancial de la recaudación por obligaciones tributarias y aduaneras.
Dichas disposiciones se establecen para evitar que la población caiga en el incumplimiento de sus deberes tributarios, ya que al hacerlo trae algunas consecuencias complejas, como que no les aprueben un crédito con el sistema financiero, incluidas las cajas de crédito y cooperativas, recurso que en algunos casos representa capital de trabajo.
Los insolventes también enfrentan problemas al comprar o vender una propiedad, ya que el Centro Nacional de Registros no tramita la inscripción hasta regular la situación con el fisco.
