El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador inició el juicio en contra de Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del Catalino Miranda, a quien la Fiscalía General de la República acusa por el delito de venta a precio superior.
La Unidad Especializada de Extorsiones y Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República en los alegatos iniciales expuestos al juez de la causa, dijo que durante el juicio presentará documentos, pericias y testimonios con los cuales quebrantará el principio de presunción de inocencia de Miranda Zepeda.
El ministerio público ha ofrecido más de 30 testigos quienes deberán llegar a rendir su declaración, pero en el primer día de vista pública ninguno de los deponentes acudió al llamado razón por la cual se otorgó un receso para continuar el próximo viernes.
Se espera que lleguen a rendir su declaración oficiales y agentes de la Policía Nacional Civil que hicieron las inspecciones para verificar el incremento del pasaje en las rutas 42 y 152 concesionadas a la empresa Acostes S.A de C.V. de la cual Adalberto Antonio Miranda Zepeda es el administrador único propietario desde el 2019. Las rutas operaban desde la zona de San José Villanueva y Zaragoza hacia San Salvador.
También se ha ofrecido testimonios de pasajeros que fueron entrevistados como víctimas y quienes se mostraron como ofendidos por las alzas de los pasajes en las dos rutas.
En la vista pública, la fiscal del caso le dijo al juez que el imputado junto a su padre como accionistas de Acostes S.A de C.V. tenían conocimiento y autorizaron cobrar una tarifa de pasaje diferente a la avalada por el Viceministerio de Transporte (VMT).
La fiscal le manifestó al juez que esos incrementos al pasaje fueron documentados por agentes de la Policía de Tránsito a través de inspecciones que fueron certificadas en actas.
«Las unidades de transporte tenían al momento de las inspecciones afiches tarifarios donde se difundían los cobros de las tarifas por encima de lo autorizado por el Viceministerio de Transporte», expuso la representante del ministerio público al juez.
El delito atribuido a Miranda Zepeda es sancionado con prisión de uno a tres años por el artículo 234 del Código Penal. El pasado mes de mayo, el mismo Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Catalino Miranda a tres años de prisión. Por desórdenes públicos recibió dos años y uno venta a precio superior.
