Pese a los cambios anunciados en abril para tomar el control del sistema carcelario sin tener éxito, el Gobierno de Honduras se vio forzado a imponer ayer otras medidas a raíz de la masacre de 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en Támara. Entre ellos la prórroga del estado de excepción.
El país se encuentra en duelo nacional durante tres días en solidaridad con las víctimas de la revuelta del martes en la cárcel.
Con más de dos meses frente al plan de intervención en los centros penitenciarios, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, regresó al cargo de subsecretaria de Estado en el Despacho de Asunto Policiales por orden del Ejecutivo, liderado por Xiomara Castro, que también informó sobre la destitución y nombramiento de cuatro funcionarios de seguridad.
Los miembros de la junta interventora de los centros penales fueron cesados de sus cargos.
La Policía Militar del Orden Público (PMOP) asumirá a partir del 1 de julio la coordinación, dirección y control de los 21 centros penales del país por un año. Durante este período también reclutarán y capacitarán a 2,000 nuevos custodios de centros penales.
Según las nuevas indicaciones, el estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022, se ampliará a más zonas y por más tiempo. Aunque la presidencia ha tratado de hacer frente a la criminalidad y delincuencia con estas restricciones, los crímenes y ataque en las cárceles no cesan.
Crímenes en el país
De enero al 21 de junio, Honduras registró 1,507 asesinatos a escala nacional, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad. La cifra de homicidios no ha bajado de 200 víctimas por mes, revela el documento.
Los municipios con mayor incidencia de crímenes son San Pedro Sula, en Cortés (33.4 %); Distrito Central, Francisco Morazán (22.3 %); La Ceiba, en Atlántida (5.4 %); El Progreso, en Yoro (4.9 %); y Choloma, en Cortés (4.3%).
Para las reclusas del PNFAS que no están condenadas y que no padecen de enfermedades terminales, el Gobierno solicitó a la Corte Suprema de Justicia medidas sustitutivas de prisión preventiva, dejando únicamente en las instalaciones «a quienes se consideran de alto peligro».
Los cabecillas de las organizaciones criminales serán trasladados a las Islas del Cisne que serán habilitadas por las Fuerzas Armadas como granja penal. El nuevo ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó que hoy inició el proceso de transición de las cárceles y la organización para dar seguridad en los 18 departamentos del país. Las actividades festivas del 28 de junio por el aniversario «del golpe de Estado» fueron suspendidas.
