En el marco del lanzamiento de la Declaración Anticipada de Mercancías en frontera El Amatillo, entre Honduras y El Salvador, el secretario de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato; y el director de Aduanas del vecino país, Fausto Cálix, se refirieron al choque diplomático derivado de la decisión de Costa Rica de imponer visa a los ciudadanos hondureños.
Cerrato afirmó que su gobierno está comprometido en impulsar acciones que permitan la facilitación del comercio centroamericano a favor de los sectores productivos por lo que alzó su llamado al diálogo con las autoridades costarricenses.
«Le decimos a los hermanos centroamericanos de Costa Rica, que Honduras tiene disposición al diálogo y que encontremos rápidamente una solución a la situación suscitada que en este momento no nos permite tener esa libre movilización para poder realizar el comercio con toda libertad», afirmó.
En este sentido, declaró que son respetuosos de las decisiones y soberanía, pero que «los intereses y las aspiraciones son legítimas, pero no cuando el costo lo tiene que pagar el vecino».
Para el funcionario hondureño es de suma importancia llegar a un acuerdo que permita liberar el movimiento de las personas y las mercancías, al lado de acciones de seguridad que garanticen la paz entre ambas naciones.
Por su parte, Cálix lamentó la decisión de Costa Rica y afirmó que «es una medida que sólo obstaculiza la libre movilidad de las personas y las mercancías por la patria de Centroamérica», que contraviene los esfuerzos integracionistas de la región y «el tan anhelado sueño de Francisco Morazán».
Tras el anuncio, a principios de octubre de que los ciudadanos hondureños requerirían visa para entrar a Costa Rica, cientos de personas y mercancías se quedaron varados temporalmente en las distintas fronteras de la región; mientras que en medio de la incertidumbre, Honduras anunció, como medida de reciprocidad, la necesidad de visa para que los costarricenses entren a su territorio.
A dos semanas del enfrentamiento diplomático, el 19 de octubre, Costa Rica propuso eliminar la exigencia de visa a los transportistas de ambos países, con el fin de no afectar el comercio regional ni el empleo de estas personas, pero Honduras rechazó la alternativa.
Mientras que el discurso costarricense respalda la decisión en una situación de seguridad, las autoridades hondureñas rechazan aplicar «una diferenciación o categorización de los ciudadanos», e insisten en la eliminación total del requerimiento migratorio.
