Es imperativo evaluar las políticas de Estado de los países en nuestro continente, no por sus intenciones retóricas, discursos políticos de campaña, sino por sus resultados y, por tanto, los indicadores. La más reciente postura del secretario de Seguridad de Honduras al justificar que las fuerzas del orden no pueden capturar a presuntos pandilleros basándose únicamente en sus tatuajes ha detonado una ola de indignación ciudadana, que es tan predecible como justificada. Desde una perspectiva técnica, esta declaración desnuda una profunda desconexión entre el escritorio del despacho del funcionario y la violenta realidad del territorio hondureño.
El argumento legalista del secretario se escuda en la presunción de inocencia y en el rechazo a criminalizar la estética. En una sociedad sin la patología de la violencia estructural, este principio sería irreprochable. Sin embargo, en el ecosistema del crimen organizado centroamericano, en especial en Honduras, un tatuaje alusivo a la Mara Salvatrucha (MS-13) o al Barrio 18 no es arte corporal, no es una moda, es un distintivo de a cuál estructura de crimen organizado pertenece, de qué familia criminal es.
Para estas estructuras la tinta en la piel no es decorativa. Representa un juramento de sangre, un conteo de homicidios, un nivel jerárquico dentro de la «clica o tribu» y, sobre todo, una herramienta psicológica diseñada para sembrar el terror, miedo y ejercer su poder. Ignorar el valor probatorio e indiciario de estas marcas es una miopía táctica inaceptable para un secretario-ministro de Seguridad. Al negarse a utilizar este elemento como causa probable para la detención y el escrutinio profundo, la Secretaría de Seguridad le está cediendo una enorme ventaja operativa a grupos que mantienen asfixiada a la población mediante el sicariato y la extorsión. Y deja al descubierto que las recientes reformas en el Congreso son letra muerta para el gabinete de seguridad.
Las declaraciones del secretario de Seguridad son las más desafortunadas de una gestión que ha dejado mucho que desear. Mientras las cifras oficiales intentan maquillar la realidad hablando de reducciones en los homicidios, la fenomenología criminal muestra un panorama distinto.
- Extorsión institucionalizada. Los pequeños y medianos comerciantes siguen pagando el mal llamado «impuesto de guerra» para garantizar no solo sus negocios, sino sus vidas.
- Control territorial intacto. El crimen organizado y las pandillas continúan operando como autoridades «de facto» en zonas urbanas marginales, decidiendo quién entra, quién sale y quién vive. La vida y la muerte dependen de la pandilla.
- Ineficacia operativa. Las capturas suelen enfocarse en eslabones débiles o «banderas», dejando intactas las cúpulas de mando y las redes financieras del crimen organizado.
- Control territorial. El Estado y el gobierno de Honduras no ejercen control territorial, lo tiene el crimen organizado.
- No saben qué y cómo hacerlo. Ausencia de política, estrategia y plan de seguridad integral
- Un presidente ausente de la seguridad. Ha delegado en el secretario para que actúe con sus ocurrencias. El presidente no está al frente.
La furia del pueblo hondureño ante esta inoperancia es el síntoma de una sociedad harta. El ciudadano observa, frustrado, cómo el Estado prioriza un garantismo procesal extremo hacia los victimarios, mientras abandona a su suerte a las víctimas. Es un insulto a la inteligencia del hondureño que, al ser extorsionado por individuos que ostentan con orgullo las letras «MS» o el «18» en sus rostros, debe escuchar al máximo responsable de su seguridad argumentar que la Policía tiene «las manos atadas».
La seguridad nacional frente a amenazas asimétricas no se gestiona con tibieza. Si bien el Estado de derecho debe protegerse, la legislación debe adaptarse a la realidad del narcoterrorismo. El secretario debe decidir si continuará actuando como un académico, justificando fracasos operativos, o si asumirá el rol de un estratega contra el crimen, pero necesita un plan. Sus críticas contra el presidente Bukele y sus resultados han sido fuertes, aunque después de cinco meses no ha podido recuperar tan siquiera Olancho. ¿Cuándo tendrá la humildad para reconocer que necesita ayuda?, ¿cuántos homicidios más va a esperar?
