En El Salvador estamos enfrentando una crisis silenciosa, pero constante: la siniestralidad vial. Y no, no se trata de un fenómeno inevitable ni de simples estadísticas que aumentan por inercia. Desde mi experiencia como consultor en seguridad vial lo afirmo con claridad: el problema tiene nombre y apellido, y es la ignorancia de la ley.
Cuando vemos un incremento arriba del 20 % de fallecidos en siniestros viales no podemos limitarnos a observar cifras. Detrás de cada número hay familias destruidas, proyectos de vida interrumpidos y un costo social que el país sigue pagando sin reaccionar con la contundencia necesaria. Lo más preocupante es que gran parte de esta tragedia es evitable.
He analizado durante años el comportamiento de los conductores y los datos son alarmantes: cerca del 90 % de los motociclistas circulan sin licencia. Esto no es un detalle menor, es una señal clara de que estamos permitiendo que personas sin la preparación mínima asuman el control de un vehículo. Conducir no es un derecho automático; es una responsabilidad que exige conocimiento, disciplina y respeto por la normativa.
La ley de tránsito en El Salvador no es el problema. Está diseñada para educar, regular y proteger. El verdadero fallo radica en su aplicación. Mientras no exista un cumplimiento riguroso y sostenido en el tiempo, seguiremos viendo los mismos resultados. Estoy convencido de que si las autoridades ejecutaran operativos firmes durante seis meses consecutivos, el comportamiento vial cambiaría de forma drástica. No porque la gente quiera cumplir, sino porque entendería que hay consecuencias reales.
No podemos seguir justificando el desorden. Las estadísticas no crecen solas; crecen porque como sociedad lo estamos permitiendo. Cada conductor que maneja sin licencia, cada padre que entrega un vehículo a un menor, cada autoridad que omite aplicar la ley, contribuye a este problema.
Y aquí es donde debemos hablar de otro punto clave: la educación. Existe un vacío enorme en la formación vial desde la etapa escolar. La ley establece claramente la obligación de coordinar programas educativos entre las instituciones correspondientes, pero en la práctica esto no se cumple como debería. Estamos formando generaciones que no entienden sus deberes como usuarios de la vía pública.
El costo de esta omisión es alto. Los accidentes de tránsito no solo afectan a las familias, también impactan directamente el sistema de salud, la Fiscalía y los recursos del Estado. Dinero que podría invertirse en desarrollo termina utilizándose para atender las consecuencias de la irresponsabilidad.
Pero más allá de las instituciones, hay una responsabilidad que no podemos ignorar: la de los padres. Permitir que un hijo conduzca sin licencia no es un acto de confianza, es un acto de negligencia. He conocido casos dolorosos donde jóvenes pierden la vida en estas condiciones, y lo más grave es que legalmente no hay respaldo posible. La protección empieza por cumplir la ley.
Debemos entender que hoy enfrentamos una nueva forma de riesgo social. Si en el pasado el país combatió a las pandillas, hoy nos enfrentamos a conductores irresponsables que actúan con total impunidad. Son, en muchos casos, personas que no respetan normas básicas y que ponen en peligro a todos los demás.
La solución no es compleja, pero sí exige voluntad: aplicar la ley sin excepciones, invertir en educación vial desde las aulas y asumir, como ciudadanos, nuestra responsabilidad. No podemos seguir reaccionando cuando ocurre la tragedia; debemos prevenirla.
Creo firmemente que El Salvador puede cambiar su historia vial en un año, pero ese cambio no vendrá solo. Requiere decisión, compromiso y acción inmediata. Porque cada día que pasa sin hacer lo correcto es un día más en el que alguien puede no volver a casa.
