El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvado, inició el juicio contra 37 imputados entre pandilleros y colaboradores de la Mara Salvatrucha que delinquían en el mercado Sagrado Corazón y alrededores.
La mayoría de acusados son pandilleros, pero también hay dirigentes de vendedores informales del centro de San Salvador, entre ellos Vicente Ramírez, quien, según uno de los fiscales del caso, contribuía con la pandilla para extorsionar a los comerciantes del sector.
«A esta persona se logró establecer en el período de investigación que realizaba actividades que salían de lo normal y que se adecuaban al delito de agrupaciones ilícitas ya que prestaba ciertas colaboraciones a miembros de la estructura como lo es el control de la zona”, dijo el fiscal.
Según el representante del Ministerio Público, Ramírez a través de la asociación de vendedores informarles, cobraba una cuota social a los comerciantes y les hacía creer que era para la gremial, pero en realidad el dinero era repartido, un porcentaje era para la pandilla y otro para la asociación de vendedores.
En las pesquisas la Fiscalía dice que descubrió que los miembros de la asociación de vendedores eran incorporados y excluidos de la gremial cuando la pandilla lo ordenaba.
Los acusados fueron capturados el 8 de abril del año pasado por los delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas, homicidios, tráfico ilícito de drogas y conspiraciones de homicidios.
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Una de las pruebas que la Fiscalía dice tener son escuchas telefónicas que fueron autorizadas por un juzgado de instrucción de San Salvador, en los audios supuestamente se oye a los pandilleros hablar sobre las extorsiones y homicidios a ejecutar.
Los teléfonos de los imputados estuvieron intervenidos entre noviembre del año 2018 y abril de 2019, período en el que se dieron los hechos delictivos llevados ante los juzgados especializados.
El juez especializado comenzó a conocer desde este martes, 27 casos de extorsión, la planificación de 15 casos de homicidio, cinco casos de planificación de tráfico y un caso de contrabando.
«A los vendedores se les cobraba una cuota social y se les hacía creer que era para la asociación como tal, pero realmente era distribuida para la asociación y otro porcentaje para la pandilla».
Fiscal del caso
