El presidente de la Defensoría del Consumidor (DC), Ricardo Salazar, encabezó ayer la verificación de las medidas de alivio a la economía en distintos puntos del municipio de Santa Ana, que abarcó gasolineras, ventas de gas licuado y supermercados.
Salazar dijo que se han llevado a cabo más de 19,000 inspecciones para verificar los precios de venta al público del combustible y del gas licuado, tomando en cuenta la reducción anunciada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele y el congelamiento del precio del combustible, entre otras medidas.
«La Defensoría continúa este esfuerzo a escala nacional, a efectos de garantizar, por medio de las verificaciones, que se cumplan las medidas de alivio económico que han sido anunciadas e impulsadas en el país por el Gobierno», dijo.
Salazar señaló que el objetivo de las verificaciones, principalmente en el mercado del combustible, es garantizar un ahorro para los salvadoreños.
«Es un esfuerzo que no tiene precedentes. Estamos garantizando, en este caso, la estabilidad de los precios, a partir de los precios máximos que han sido establecidos y que se encuentran regulados», sostuvo.
El funcionario detalló que, en el marco de estas inspecciones, se han abierto 31 procesos sancionatorios por irregularidades encontradas en las verificaciones, principalmente en la venta de hidrocarburos.
Al finalizar los procesos, en caso de determinar los incumplimientos por parte de los proveedores, se podrían aplicar multas hasta de $100,000, indicó Salazar.
Durante la jornada también fueron visitadas ventas de gas licuado y supermercados, donde se verificó que no hubiera incrementos injustificados en los precios para los consumidores.
«Nuestros equipos harán verificaciones a puestos de venta de gas para garantizar el precio máximo regulado, y en alimentos en diferentes comercios», señaló Salazar.
La Defensoría instó a los consumidores a denunciar cualquier irregularidad en los precios de productos en los canales habilitados: el 910 y el WhatsApp 7844-1482.