En su auto, el juez Santiago Pedraz, miembro de este alto tribunal a cargo de casos delicados, da un plazo de tres horas para que las operadoras de telecomunicaciones y de acceso a internet autorizadas a operar en España procedan a «la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram», una vez reciban la comunicación judicial.
El sábado a mediodía, la aplicación de mensajería todavía era accesible en el país.
El juez ordenó esta medida cautelar, fechada el viernes, ante la falta de respuesta de las autoridades de las Islas Vírgenes a una la comisión rogatoria enviada en julio de 2023.
La solicitud se enmarcaba en una investigación abierta tras la denuncia de empresas audiovisuales españolas de que desde algunos canales del servicio de mensajería se compartían contenidos que vulneraban sus derechos de propiedad intelectual.
En su petición, el juez solicitaba a las autoridades de Islas Vírgenes, donde está registrada su matriz, que instaran a Telegram a informar sobre «determinados datos técnicos que permitirían identificar los titulares» de esas cuentas, pero no obtuvo respuesta.
«La falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes a las que solo se les pide una actividad de comunicación a los responsables de la red social Telegram provoca que deban adoptarse las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones particulares», argumenta el juez, que asegura que en su decisión concurren los principios de «necesidad, idoneidad y proporcionalidad».
«No existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados», agrega.
La decisión recibió las críticas, sin embargo, de asociaciones de consumidores como Facua, que advirtió de los «enormes perjuicios» que, según su parecer, podría causar esta suspensión «para los millones de usuarios de esta aplicación de mensajería».
«Es como si cerraran internet porque existen webs que alojan ilegalmente contenidos protegidos por derechos de autor», lamentó su secretario general, Rubén Sánchez, en un comunicado.
Telegram, que según su web cuenta con 700 millones de usuarios activos mensuales en el mundo, ha sido previamente suspendido en otros países, como por ejemplo en Brasil el año pasado, por no facilitar información a las autoridades, en ese caso, sobre grupos neonazis activos en la plataforma. La suspensión fue levantada por orden judicial pocos días después.
