Las niñas y adolescentes murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017, en el Día Internacional de la Mujer, durante una protesta en la que denunciaban malos tratos y explotación sexual en el centro, según la investigación.
Las menores incendiaron colchonetas en el salón donde estaban encerradas luego de que intentaran escapar, pero el fuego se descontroló y no pudieron salir porque la puerta estaba bajo llave.
La jueza Ingrid Cifuentes abrió la audiencia en que debe escuchar las peticiones finales de los juzgados por homicidio culposo e incumplimiento de deberes, entre otros delitos, y podría dictar sentencia este martes o fijar otra fecha para anunciar el fallo.
Los siete exfuncionarios permanecen bajo arresto domiciliario.
«Esperamos que esta sentencia sea condenatoria (…) y se pueda determinar la responsabilidad del Estado», dijo a la AFP la coordinadora de la oenegé Mujeres Transformando el Mundo, Paula Barrios, querellante en el juicio iniciado en enero de 2024.
Barrios confía en que la sentencia sea una «garantía de no repetición» de estos hechos y que las 15 sobrevivientes y las familiares de las 41 fallecidas reciban «medidas de reparación» adecuadas.
La Fiscalía solicitó en mayo penas de 131 años de prisión contra el extitular de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Rodas, y para el exdirector del albergue, Santos Torres.
La Fiscalía pidió 126 años de cárcel para el exfuncionario de la Procuraduría General de la Nación, Harold Flores, y la exjefa de la unidad de protección del centro, Brenda Chamán. Para los expolicías Lucinda Marroquín y Luis Pérez requirió 122 y 117 años, respectivamente.
En tanto, para la exfuncionaria de la oficina estatal de derechos humanos Gloria Castro los fiscales solicitaron cuatro años de prisión.
«¿Qué hubo en el corazón de estas personas para no escuchar el grito de ayuda, para no abrir la puerta cuando nosotros les estábamos pidiendo el auxilio?», declaró a finales de julio ante el tribunal Emelin Del Cid, una de las sobrevivientes.
La activista Rosa Gallardo, quien resguarda un altar en honor a las víctimas en la plaza central de la capital guatemalteca, dijo a la AFP que una condena sentaría un «precedente histórico» para el país.
