Un juez de segunda instancia de Brasil revirtió este sábado la suspensión del servicio de mensajería Telegram, determinada la semana pasada por no entregar a las autoridades datos de grupos neonazis que actúan en la plataforma, informó un tribunal federal.
El magistrado consideró que la suspensión de la aplicación en todo el país «no es razonable», ya que afecta «la libertad de comunicación de miles de personas absolutamente ajenas a los hechos investigados», pero mantuvo la multa diaria de un millón de reales (USD 198.000) impuesta a la empresa por la primera instancia judicial, informó en un comunicado el Tribunal Regional Federal-2 (TRF-2), con sede en Rio de Janeiro.
La Policía Federal y la fiscalía brasileña habían solicitado a Telegram datos personales de todos los integrantes de los canales «Movimiento antisemita brasileño» y «Frente Anti-Semita», que las autoridades asocian a ataques en escuelas brasileñas en los últimos meses.
En noviembre pasado, un adolescente de 16 años mató a tiros a cuatro personas e hirió a más de diez en dos escuelas del estado brasileño Espirito Santo (sureste).
El joven «sería integrante de grupos extremistas en Telegram, donde se compartía material de apología neonazi (…) con divulgación de tutoriales de asesinato y fabricación de artefactos explosivos, y videos de muertes violentas», detalló el TRF-2.
Según la primera instancia judicial, Telegram solo entregó «parcialmente» los datos solicitados.
La empresa, con sede en Dubai y registrada en las Islas Vírgenes Británicas, alegó el jueves en un comunicado que la información solicitada es «tecnológicamente imposible de obtener» y anunció que apelaría ante la justicia.
«No importa el costo, defenderemos a nuestros usuarios en Brasil y su derecho a la comunicación privada», dijo entonces su director ejecutivo, Pavel Durov.
Telegram ya fue objeto de una orden de suspensión en Brasil en marzo de 2022, cuando un juez de la Corte Suprema determinó su bloqueo por considerar que la compañía incumplía reiteradamente órdenes judiciales de combate a la desinformación en un año electoral, y no cooperaba con las autoridades en la represión de otros delitos.
Tras la orden de bloqueo, que no llegó a hacerse efectiva, Telegram designó un representante legal en Brasil y detalló ante la justicia sus mecanismos internos para combatir la desinformación.
