La mayoría de familiares de mujeres asesinadas entre el 1° de enero de 2015 al 9 de noviembre de 2020 aún esperan justicia para sus madres, hijas, sobrinas y tías. De los 1,209 feminicidios ocurridos en ese periodo, solo 232 casos han logrado una sentencia condenatoria; es decir que solo el 19% de los asesinos están sentenciados, de acuerdo con los datos de la Dirección de Análisis, Técnicas de investigación e Información (DATI) de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las 60 sentencias dictadas en 2018 lo convierten en el año en el que más condenas por femicidios lograron los fiscales en los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, le sigue el 2017 con 45, el 2019 con 41, en 2015 fueron 38; el 2016 con 27 sentencias y al 9 de noviembre de 2020 se registraban 21.
El informe anual de hechos de violencia contra las mujeres 2019 de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) detalla que el 2019 hubo 54 sentencias absolutorias: 42 por homicidios de mujeres y 12 por feminicidios, además hubo 46 exoneraciones: 35 por homicidios y 11 por feminicidios.
El feminicidio se condena con penas entre 20 a 35 años de cárcel, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), mientras que el feminicidio agravado se sentencia con máxima de 50 años de prisión, según el artículo 46 de la LEIV.
Silvia Juárez de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) considera que con las pocas condenas contra feminicidas hay un favorecimiento a la impunidad por múltiples razones «en primer lugar: porque hay un sistema que tiene amplias preferencias a analizar la realidad contextual de las mujeres frente a la violencia que ejercen los hombres, en segundo lugar: identificamos una amplia cantidad de falencias que hay en la FGR, Policía Nacional Civil (PNC) e incluso el Instituto de Medicina Legal (IML)».
El ministro de Seguridad Rogelio Rivas dijo recientemente que el impacto del plan Control Territorial ha sido innegable al reducir feminicidios hasta en 47%.
La representante de Ormusa explica que esas falencias se evidencian en el hecho que estas tres instituciones catalogan menos del 50% de las muertes violentas contra mujeres como feminicidios, «si ve los contextos en los que ocurrió esa muerte es tan evidente que fue feminicidio».
Para Juárez, estas acciones evidencian que hay poca disposición y diligencia para investigar a profundidad la violencia contra las féminas, además encuentra mucha resistencia para atribuir la comisión de este delito pues considera que las investigaciones que son «bastante débiles».
«En casos mediáticos se actúa rápido»
La defensora de Derechos Humanos lamenta que los casos mediáticos encuentren justicia rápida, mientras que hay otros que se mantienen en el anonimato. «Eso es una de las inequidades que el sistema construye a partir de ver ciertas presiones en procesos y otros que guardan el anonimato se ven en la opacidad y también una situación que no avanza».
Juárez manifiesta que el caso de la agente Carla Ayala fue mediático y en ese contexto alrededor de 11 mujeres fueron asesinadas, «ellas no han corrido la misma suerte. Como, por ejemplo: Vilma Pérez Pérez, de 32 años, fue acribillada por su exesposo José Adán Menjívar Miranda el pasado 24 de octubre de 2017 en el kilómetro 11 de la carretera Troncal del Norte, jurisdicción de Apopa.
Las autoridades revelaron que al momento del ataque la mujer se dirigía a una delegación policial a denunciar a su pareja por violencia intrafamiliar.
Menjívar Miranda cometió el crimen frente a sus hijos y desde ese día se encuentra prófugo, a pesar de tener una difusión roja en la Interpol.
«¿Qué hay que hacer en este país para que una mujer pueda acceder a la justicia? y también hay que revisar cosas estructurales como cuanto presupuesto tiene la Unidad de Delitos contra las Mujeres en la Fiscalía y cuantos tienen las otras unidades, cuantos juzgados para atender a mujeres frente a este delito», recalca Juárez.
Ronald Atilio Urbina desmembró a su expareja y fue condenado a 50 años de cárcel
En agosto de este año, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de violencia en contra de las mujeres condenó a 50 años de prisión a Ronald Atilio Urbina por el feminicidio agravado de Jocelyn Milena Abarca Juárez.
El caso ocurrió el 5 julio de 2018, en Soyapango. Urbina desmembró a la víctima y lanzó sus miembros una quebrada ubicada en San Salvador.
Inicialmente Jocelyn fue reportada como desaparecida y cinco días después sus miembros fueron encontrados sobre la 17 avenida sur y calle Gerardo Barrios, cerca del Mercado Central. Otros más en la quebrada El Piro, en el límite entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán.
La prueba recolectada sobre los movimientos realizados por Urbina fue registrada en diferentes cámaras de vigilancia de San Salvador, las cuales establecieron desde el momento que sale de su vivienda, cerca del hospital Amatepec, en Soyapango, hasta donde abandona el cuerpo mutilado de la víctima, en la 17ª. Avenida Sur de San Salvador.
En esa ocasión, Graciela Sagastume, Coordinadora de la Dirección Nacional de la Mujer para los delitos de Feminicidio, explicó que mediante uso de ubicación de antenas y geolocalización comprobaron que el hombre se movió en el mismo vehículo de la víctima para deshacerse del cuerpo, también verificaron que el teléfono del imputado se activó a la hora exacta en que las cámaras lo captan abandonando los restos de la víctima.