La Asamblea Legislativa se ha embarcado en proyectos para que «justicia» no sea una palabra sin significado, sino que tenga un respaldo legal y efectivo, para dar resultados y que corrija errores históricos.
De ese modo, hemos visto como se han aumentado las penas para los delitos en contra de la mujer, con el objetivo de garantizar el pleno goce de derechos a más de la mitad de la población salvadoreña. El aumento del castigo a los delitos en contra de la mujer debe ir aparejado con la enseñanza y la práctica de valores en los hogares y en la escuela, así como en otros espacios de convivencia social, para que desterremos de una vez por todas de la vida cotidiana costumbres que en realidad son afrentas para la dignidad de las mujeres.
Pero la justicia también tiene muchas más dimensiones, por ejemplo, los delitos relacionados con la corrupción, que han afectado a millones de personas a lo largo de la historia. Por esta razón, la propuesta de que los delitos relacionados con la corrupción no prescriban es muy importante para llevar ante los juzgados a personas que se aprovecharon de sus cargos públicos para enriquecerse, quienes les quitaron medicinas a los hospitales, impidieron la construcción de una carretera que habría ayudado a una madre a tener en mejores condiciones a su hijo o les negaron la oportunidad de educarse a los jóvenes.
Las prácticas delictivas ejecutadas por los gobiernos de ARENA y del FMLN no solo deben ser erradicadas, sino también perseguidas y castigadas. Como sociedad, no podemos normalizar y ver como algo común o tolerable que funcionarios reciban doble salario o que justifiquen su enriquecimiento patrimonial con argumentos tan pobres como que son parte de «los ahorros» que hicieron o que nos digan que el sobresueldo era «un complemento salarial» necesario para equipararlo con la práctica privada.
Así como la Policía Nacional Civil cumple con su deber al llevar a homicidas y extorsionistas ante los tribunales, la Fiscalía debe tener las herramientas legales necesarias para llevar ante la justicia a aquellos que han causado un enorme daño a la nación. Y no se trata de venganza o de desquite, sino de respeto y decencia.
No puede haber alguien que de manera honesta respalde pagos ilegales, otorgados bajo la mesa y burlando la confianza de la ciudadanía. Para construir una nueva sociedad, libre de la corrupción de los mismos de siempre, debemos hacer cumplir la ley y recalcar que el crimen no paga.
