Uno de los argumentos más grandes para haber fijado en 6 % de los ingresos corrientes del Estado como el presupuesto del Órgano Judicial es que debía tener los recursos suficientes para garantizar la pronta y cumplida justicia.
Esta disposición estuvo vigente a partir de los acuerdos de Chapultepec. Las administraciones de ARENA y del FMLN demostraron que tal designación fue únicamente un mecanismo que no solo no garantizó ni la pronta y cumplida justicia ni favoreció el acceso a los servicios de justicia para las grandes mayorías, sino que permitió financiar a los activistas políticos que llegaban al Órgano Judicial a través de los magistrados que los mismos políticos designaban y se repartían conforme al tamaño de sus bancadas.
Estos fondos se convirtieron en el origen de un continuo despilfarro. Ante la incapacidad que tuvieron las antiguas cortes supremas de justicia para ejecutar en debido tiempo y de forma eficiente y transparente sus presupuestos inflados destinaban ese sobrante para renovar su costosa flota de vehículos a pesar de que al principio del año los magistrados habían comprado nuevos, o para entregar cuantiosos bonos para complacer a los sindicatos de la institución.
De acuerdo con los defensores de esta práctica, el 6 % de los ingresos corrientes del Estado garantizaba la independencia judicial, pero lo que vimos fue a jueces controlados por el crimen organizado dejando libres a pandilleros a pesar de que eran homicidas comprobados o incluso la celebración de fiestas con bailarinas en los tribunales.
Los tristemente célebres magistrados conocidos como «fantásticos» se dedicaron a emitir resoluciones ordenadas por sus patrones políticos, como la cancelación de un partido político legal y con representación parlamentaria para impedir la inscripción del presidente Nayib Bukele o bloqueando sus iniciativas una vez que ganó ampliamente las elecciones bajo otra bandera.
La reforma aprobada la semana pasada permitirá hacer un uso eficiente de los recursos del Estado.
A través del «principio del equilibrio presupuestario» se asignarán fondos al Órgano Judicial de acuerdo con las necesidades y con los ingresos que tenga el Estado. Ejerciendo la prudencia fiscal, el Estado gastará conforme a sus ingresos reales, buscará financiamiento para proyectos estratégicos o para atender emergencias y en el caso de bonanza, generará ahorros para evitar crisis en el futuro.
Los fondos que en el pasado eran derrochados por las anteriores cortes supremas, en lugar de haber sido destinados para educación, salud o atender emergencias ahora bajo el principio del equilibrio presupuestario se destinarán de manera más justa.
