El Juzgado Especializado en Extinción de Domino, resolvió que $8,000 decomisados a Alberto González en San Rafael Oriente, San Miguel pasen al Estado.
En la audiencia de sentencia la Fiscalía le expuso al juez que el 29 de junio de 2018, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), llegaron a la casa de González para detenerlo por agrupaciones ilícitas.
Al momento del registro los policías encontraron una parte del dinero en la habitación y otra en un mueble de madera, al preguntarle la procedencia respondió que administraba una iglesia, pero no presentó ninguna documentación que lo respaldara.
La Fiscalía General de la República mencionó que el dinero es producto indirecto de actividades relacionadas al lavado de dinero, pero no pudo acreditar esa versión ante el juez.
Al final el tribunal terminó emitiendo una sentencia estimatoria de extinción bajo un incremento patrimonial no justificado por parte de González quien residía junto a su esposa en la casa allanada.
El juzgador basó la resolución en la prueba testimonial y 74 informes de instituciones financieras que reportaron que el afectado no presentaba ninguna actividad, tampoco tenía un registro previsional, ni registrado como contribuyente del IVA.
