Los juzgados especializados de instrucción han resuelto que 2,700 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción, continúen en los penales a donde fueron trasladados tras ser capturados por pertenecer a maras o colaborar con ellos y cometer otros delitos.
En sus resoluciones, los jueces han accedido en un 100% a la pretensión de la Fiscalía General de la República que al momento de presentar las acusaciones solicitó que los mareros siguieran en prisión, solo dos personas fueron puestas en libertad a petición del ministerio público ya que se verificó que no eran miembros de pandillas.
Entre las últimas acciones que la Fiscalía ha efectuado está la acusación en contra de 132 mareros en el Juzgado Especializado de Instrucción 1A de San Miguel. «Esta solicitud de imposición de medidas corresponde al segundo grupo de personas detenidas dentro del régimen de excepción que establece el decreto 333», explicó uno de los fiscales, que acudió este miércoles a presentar el escrito de inicio del proceso penal.
Los mareros son acusados por el delito de agrupaciones ilícitas reformado por la Asamblea Legislativa y que sanciona con prisión de 20 y 30 años, así como 40 y 45 años para los cabecillas; además, les atribuyen tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia y posesión de droga.
Estos imputados enfrentarán la audiencia el próximo viernes, los fiscales han solicitado que sigan en detención. «Esto es parte del trabajo permanente que como Fiscalía General de la República en la zona oriental estamos desarrollando para poner a disposición de los juzgados dentro del término que establece dicho régimen de excepción», agregó el representante del ministerio público.
En cuanto a las audiencias realizadas, ayer, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, ordenó prisión para 480 mareros por los delitos de agrupaciones ilícitas, homicidios, limitación ilegal a la libertad de circulación, extorsiones agravadas y proposición y conspiración en el delito de homicidios.
Según el informe, 80 fueron arrestados en La Unión, 90 en San Miguel, 103 en Morazán y 207 en Usulután, en el marco del régimen de excepción. Entre los procesados hay tres cabecillas del oriente del país.
Uno de ellos, es Edwin Rodolfo Jiménez, alias, «Peludo», quien es considerado uno de los 15 cabecillas nacionales de la Mara Salvatrucha, señalado del incremento de homicidios que se registró el 26 y 27 de marzo de 2021, en las pesquisas, la Policía detectó que Jiménez estuvo ordenando asesinar a varias personas.
También deberá seguir preso, Santos Ismael Saravia, alias, «Callejero», un cabecilla que ordenó asesinar a cinco personas en el departamento de Morazán.
