La Asamblea Legislativa funciona como un centro de poder. Es el lugar donde se toman decisiones y se pelean muchos intereses no solo de instituciones, sino también de poderes fácticos. Por eso su control ha sido una de las principales luchas de los partidos políticos. Pero más allá de que la Asamblea Legislativa sea el escenario donde se definen políticas para los próximos años, muchos políticos hicieron del congreso en sí mismo un premio para sus esfuerzos.
Con el paso de los años, la Asamblea Legislativa se fue llenando de empleados. Al principio, cada partido llevaba a su personal de confianza, pero eso no fue suficiente. Los diputados requirieron tener a gente en la que ellos, más que el partido, confiaran. O al menos eso decían en público, cuando en realidad fue un pretexto para llenar el primer órgano del Estado de un sinfín de personas; con ello, lo que era un instrumento para administrar el poder se convirtió en una meta: los legisladores ya no querían ir a la Asamblea para crear leyes y definir políticas, sino porque ser diputado era una ocupación lucrativa.
Ahí está el caso de Sigfrido Reyes, que de ser un comandante de segundo nivel en las FAL (el brazo armado del Partido Comunista) pasó a ser un inversionista de bienes raíces, constructor de residenciales en zonas exclusivas, y todo porque era «ahorrador», ya que dijo que todo lo que llegó a tener (millones de dólares y más de una docena de propiedades) fue producto de los «emolumentos» que recibió como servidor público, es decir, los privilegios de ser el presidente de la Asamblea Legislativa.
Ahora, con el caso de las plazas fantasma, vemos otra forma en la que opera la búsqueda de beneficios a partir del ejercicio del servicio público. Cuando la Fiscalía General de la República (FGR) cruce la lista de empleados de los partidos políticos con las declaraciones de la renta que recibe el Ministerio de Hacienda y las cotizaciones al Seguro Social, puede encontrar a personas que reportaban dos salarios con horarios incompatibles entre sí. Es decir, si uno está ocho horas en su trabajo, ¿cómo puede tener una plaza en la Asamblea Legislativa? Un funcionario corrupto puede «cosechar» mucho dinero con plazas fantasma pagando un par de cientos de dólares para que alguien «solo llegue a firmar». Y también la FGR se encontrará con figuras políticas que solo tenían «la plaza» como un premio de su partido por sudar la camiseta. Si la Fiscalía realmente tiene un compromiso con el pueblo salvadoreño, desenmascarará todas estas prácticas criminales.
