La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió el miércoles sobre un deterioro de la situación de derechos humanos en Brasil, evidenciado desde la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro y agravado con la pandemia de la COVID-19.
La CIDH, un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó su «diagnóstico integral» sobre el respeto de los derechos humanos en Brasil hasta diciembre de 2019.
«En su informe, la Comisión da cuenta de los avances registrados en ese país en los últimos 20 años, (…) en particular en la consolidación democrática y del Estado de derecho», dijo la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, durante una videoconferencia.
«No obstante, la CIDH destaca su preocupación por la desestructuración progresiva de estas instituciones y políticas públicas construidas durante más de dos décadas», agregó.
Una delegación de la CIDH visitó Brasil en noviembre de 2018, en lo que fue la segunda observación «in loco» del gigante sudamericano luego de una primera visita en diciembre de 1995.
El reporte no incluye el impacto de la pandemia de la COVID-19 en Brasil, que informó su primer contagio en febrero de 2020 y hoy, con sus más de 358.000 muertos, es el segundo país del mundo con más víctimas mortales por el virus detrás de Estados Unidos.
Pero Urrejola subrayó que la emergencia sanitaria «ha evidenciado de manera exacerbada las debilidades estructurales en derechos humanos de los estados».
Y dijo que la CIDH confía en que las recomendaciones del informe sirvan a Brasil para «diseñar políticas públicas dirigidas a contener de manera decisiva la pandemia y atenderla desde un enfoque de derechos humanos y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales».
«Discriminación estructural»
Brasil «sigue presentando un escenario de extrema desigualdad social basada en una discriminación estructural contra determinados grupos de personas», dijo el comisionado Joel Hernández, relator para Brasil de la CIDH.
Mujeres, afrodescendientes, indígenas, campesinos, gays, bisexuales e intersex (LGBTI) y sin techo, siguen expuestos a situaciones de «extrema vulnerabilidad» ante la violencia, la trata de personas y el trabajo esclavo, apuntó.
Según el reporte, «el machismo y la misoginia continúan relegando a la mujer a una posición secundaria en la economía y en los asuntos públicos».
Además, destacó «las cifras alarmantes de asesinatos de mujeres por razones de género», señalando un «patrón de impunidad» al respecto.
Tras la elección en octubre de 2018 de Bolsonaro, un populista de extrema derecha, la CIDH dijo que detectó «un aumento de los crímenes de odio», así como un «incremento de discursos de odio y estigmatizantes».
La Comisión «constató que esos discursos no proceden de personas o de grupos aislados, sino de autoridades y políticos electos, los cuales deberían estar empeñados en la construcción de un ambiente de tolerancia y respeto», dijo el informe.
Señaló además una mayor violencia contra las personas LGBTI y contra periodistas, y dio cuenta de un «aumento significativo» de las amenazas, agresiones y asesinatos de personas defensoras de los derechos de la tierra y del medio ambiente.
La CIDH advirtió también contra el «riesgo de exterminio» de poblaciones indígenas por invasión de tierras ancestrales.
Y denunció la «situación crítica» que viven los defensores de derechos humanos, evocando el caso de Marielle Franco, la exconsejal de Rio de Janeiro, procedente de una favela, negra y lesbiana, asesinada en marzo de 2018.
«Alto nivel de impunidad»
Hernández también hizo hincapié en «un alto nivel de impunidad» en el sistema de justicia, por el que, dijo, a pesar de comisiones de la verdad, casos de tortura y desapariciones durante la dictadura cívico-militar (1964-1985) siguen impunes.
«La Comisión deplora la impunidad y denegación de justicia que existe en Brasil», indicó el informe.
Según la CIDH, existe un «racismo institucional» en el sistema judicial brasileño.
El reporte también denunció una «lógica bélica» en centros urbanos y rurales debido a la militarización de la seguridad pública, lo cual, dijo, ha generado una fuerte «contrarreacción».
Halló además una «exacerbación de las disparidades raciales en las cárceles», con marcada población afrodescendiente, y un abuso de la prisión preventiva.
La CIDH apuntó «la situación de particular vulnerabilidad» que viven los inmigrantes, tras verificar «con preocupación» lo que consideró «deficiencias en la implementación de las normas sobre la discriminación y la xenofobia».
La CIDH dijo que el número de inmigrantes en Brasil tuvo un alza de 178% entre 2005 y 2016, destacando la presencia de venezolanos, haitianos, bolivianos y sirios.
