«Estos procedimientos no consensuados constituyen una violación al derecho a la seguridad de la persona, a la protección contra ataques abusivos a la vida privada y familiar, y a la salud de las mujeres migrantes», dijo la CIDH, ente autónomo de la OEA con sede en Washington.
A mediados de septiembre, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que en la prisión migratoria de Irwin, en Georgia, que está gestionada por privados, había una elevada tasa de histerectomías o extracciones de útero.
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Según las informaciones, este centro envió a muchas mujeres a ver a un ginecólogo particular fuera del centro, y algunas migrantes expresaron que desconfiaban de este médico.
Esta denuncia nació del testimonio de una enfermera que trabajó en el centro que relató la alta «tasa de extirpaciones del útero» a detenidas y episodios como el de una migrante a la cual el médico le extirpó el ovario equivocado cuando iba a intervenirla por un quiste.
Una de las detenidas que denunció el caso ante las organizaciones describió la situación como «un experimento en un campo de concentración».
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Según la CIDH, estos incidentes se habrían «profundizado durante el contexto de la pandemia del covid-19, que también estaría marcado por la ausencia de canales adecuados de comunicación».
La Comisión indicó además que recibió información sobre «un patrón sistemático de abusos y graves afectaciones de derechos al interior de centros de detención migratoria en el país».
Entre los hechos destacó denuncias de abuso sexual, privación del derecho a la libertad religiosa, condiciones deplorables de detención, y separación forzada de niñas, niños y adolescentes migrantes.
Tras conocer el caso a mediados de septiembre, la presidenta de la Cámara baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, pidió investigar inmediatamente las denuncias.
