La Universidad Evangélica de El Salvador (UEES), en especial la Facultad de Ciencias Jurídicas, desarrolló su primer congreso internacional denominado Inteligencia Artificial y Nuevo Orden Global: Derecho Internacional y Política Internacional en la Era Digital, un evento inédito y de gran relevancia para la educación superior en nuestro país y para el sector de justicia. La Dirección Nacional de Educación Superior (DNES), del Mineducyt, ha desarrollado grandes esfuerzos y un alto liderazgo con las universidades e institutos especializados de educación superior (IES) para incorporar temas de innovación educativa en materia de ciencias, datos, tecnología, mujeres en las ciencias, ingenierías, matemáticas, proyecto y la campaña Súmate a la U, entre otros; y dentro de estos temas la inteligencia artificial ha sido uno de los pilares incorporado por este liderazgo y acompañamiento.
La inteligencia artificial (IA) no es solo una revolución tecnológica; es un gran acelerador para un nuevo orden global, replanteando la esencia de la justicia, el derecho internacional y, fundamentalmente, el fenómeno criminal. Desde la perspectiva de la criminología este cambio plantea desafíos existenciales que van más allá del ciberdelito, forzando una redefinición de la responsabilidad, la prevención y la protección de los derechos fundamentales en la esfera global.
El primer gran aspecto criminológico es la dualidad de la IA como arma delictiva y herramienta de control:
- Nuevas tipologías criminales. La IA permite la automatización y escala de delitos como el «phishing», el robo masivo de datos, los ataques de desinformación («deepfakes») y la manipulación de mercados. La criminología debe estudiar esta «criminalidad aumentada» y sus patrones transnacionales.
- El agente de la culpa. La cuestión de la responsabilidad penal de la IA es el dilema central. Si un sistema autónomo comete un daño lesivo o predice erróneamente un riesgo, ¿dónde recae la culpa? El derecho penal y la criminología global necesitan un marco que defina la autonomía de la IA en términos de capacidad volitiva y cognitiva, y que traspase la frontera de la mera herramienta para considerar la compleja cadena de causalidad.
La integración de la IA en la justicia amenaza con socavar principios fundamentales del derecho internacional y el concepto de justicia global.
- Sesgos algorítmicos y derechos humanos. El uso de IA para la predicción del delito o la reincidencia (justicia predictiva) corre el riesgo de codificar y amplificar sesgos históricos (raciales, socioeconómicos) presentes en los datos de entrenamiento. La criminología debe auditar y exigir la transparencia y la equidad de estos sistemas.
- Soberanía y jurisdicción en el ciberespacio. Los delitos habilitados por la IA son, por naturaleza, transfronterizos. La IA desafía las estructuras tradicionales de jurisdicción penal y la cooperación internacional.
El futuro de la justicia global en la era de la IA debe centrarse en la regulación ética y la preservación del elemento humano.
- Regulación supranacional urgente. Es imperativo que organismos internacionales establezcan estándares globales para el desarrollo, el despliegue y la auditoría de la IA, especialmente en aplicaciones sensibles para la seguridad y la justicia. Esto incluye crear un consenso sobre principios inviolables que protejan los derechos fundamentales.
- La preservación del juez humano. Si bien la IA puede optimizar procesos (revisión de documentos, gestión de casos), el juicio ético y la empatía siguen siendo exclusivas del ser humano. La IA debe ser una herramienta de apoyo, y nunca un sustituto del juez en la toma de decisiones finales que impactan la libertad y la vida de las personas. La criminología aboga por un modelo de justicia aumentada, no sustituida.
- Foco en la prevención proactiva. La capacidad de la IA para analizar grandes volúmenes de datos ofrece oportunidades sin precedentes para la prevención situacional y la identificación proactiva de riesgos.
La IA no es solo un objeto de estudio para la criminología; el nuevo orden global exige un derecho internacional penal tecnológicamente consciente que, en lugar de ser arrastrado por la ola digital, la dirija hacia los valores de la justicia, la equidad y el respeto a la dignidad humana. El reto es garantizar que la eficiencia algorítmica nunca se anteponga a las garantías procesales y los derechos humanos.
