Perú, una de las economías más sólidas de Latinoamérica, se encuentra sumido en una crisis social derivada de las maniobras políticas que terminaron en la destitución del presidente Martín Vizcarra y la imposición de un empresario que se desempeñaba como presidente del Congreso, Manuel Merino.
En menos de cuatro años, Perú ha tenido tres presidentes. Pedro Pablo Kuczynski fue electo en 2016, pero renunció tras 20 meses en el cargo por las acusaciones de lavado de dinero vinculado con el escándalo internacional de sobornos de la compañía brasileña Odebrecht. Vizcarra, el primer vicepresidente, asumió en marzo de 2018 para terminar el período de Kuczynski. Sin embargo, Merino promovió, desde la presidencia del Congreso, el proceso de destitución de Vizcarra y luego asumió su cargo.
Para amplios sectores de la población y muchos observadores internacionales, esto se trató de un golpe de Estado. Las marchas en contra de la destitución de Vizcarra y para protestar por el golpe promovido por Merino fueron reprimidas a balazos y causaron las muertes de al menos dos manifestantes.
El presidente de la república, Nayib Bukele, anunció ayer que El Salvador no reconocía el gobierno golpista de Merino, surgido de las maniobras políticas de los partidos representados en el Congreso peruano y que terminaron con la expulsión de un presidente constitucional y legítimo.
La cúpula del Congreso de Perú se reunió de emergencia para decidir la posible destitución de su excolega. De los 18 miembros del gabinete de Merino, 13 ya habían presentado su renuncia al inicio del fin de semana. Los llamados para que Merino renunciara se multiplicaron, pero antes de ser destituido prefirió renunciar.
El caos por el que atraviesa Perú es el resultado de las intrigas de adversarios políticos sin escrúpulos y de poderes económicos que querían incidir en el Gobierno, en contra de la voluntad popular.
El pueblo peruano tiene derecho, como todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo, a elegir directamente a sus gobernantes. Cuando las maniobras políticas contradicen la voluntad popular, la respuesta de los ciudadanos es contundente y demoledora. Así lo demuestran las calles de Lima y de otras ciudades peruanas, convulsas por el malestar generalizado.
Ahora, el principal golpista de Perú está acusado de provocar la muerte de dos ciudadanos al ordenar la represión de las marchas. Lo más probable es que de portar la banda presidencial pase a enfrentar un proceso judicial en su contra, que podría derivar en prisión.
Este es el espejo en el que todos los golpistas deberían mirarse: deben saber que les espera el escarnio popular y la repulsión de la comunidad internacional.
