Una joven de 17 años lloró desconsoladamente en el sepelio de su mejor amiga, una estudiante del Inframen que fue asesinada a tiros por otros «estudiantes» cuando salía de su centro de estudios.
Gabriel fue asesinado con arma blanca en una batalla campal estudiantil. Sus familiares retiraron su cuerpo de un hospital público. Sus compañeros de estudio cargaron su féretro.
Estos no son cuentos, son historias que las familias salvadoreñas vivieron a flor de piel durante la década de los 90 y principios de los 2000, cuando la violencia estudiantil en las calles era el pan de todos los días.
Aquellas rivalidades entre institutos ya no eran solamente deportivas o de conocimiento. Ninguno de los gobiernos de ARENA ni sus flamantes ministros de Educación le pusieron paro. Las autoridades de «seguridad» no tuvieron la visión de hacia dónde caminaba esta situación. Sus ministros fueron solo «show».
Los directores y maestros de las instituciones públicas nada pudieron hacer ante la hostilidad de alumnos que habían sustituido los palos puntiagudos y cinturones con púas por armas blancas y de fuego. Llegaban a «clases» como se les daba la gana. Portaban en sus mochilas cuanta cosa se les ocurriera. Revisar sus mochilas era sentencia de muerte para quien se atrevía.
Y esto sucedía en momentos en que grupos organizados de delincuentes retornaban al país, con nuevo estatus, dinero y poder. Llegaron del norte «armados hasta los dientes».
Las maras y pandillas aprovecharon la situación del caos educativo de El Salvador para reclutar a esos jóvenes violentos y establecer las primeras delimitaciones de espacios imaginarios dentro de las instituciones del saber. Lo que replicarían en cada rincón del territorio nacional.
No hay ninguna duda de que los grupos estudiantiles sediciosos se ligaron a las maras territoriales por afinidad de sus miembros, por vivir en los mismos lugares, o a punta de pistola. Las armas, las drogas y el dinero no fueron un problema.
¡Cuántos niños, adolescentes y jóvenes fueron obligados a pertenecer a la MS-13 y al Barrio 18! ¡Cuántos fueron asesinados por negarse! ¡Cuántos abandonaron sus estudios por el acoso de estos criminales! ¡Cuántas niñas fueron obligadas a ser mujeres de los cabecillas!
Estudios coyunturales sobre esa situación en específico plantearon que la deserción estudiantil estaba ligada principalmente al acoso de las maras y pandillas, y ante la impotencia de los gobernantes y padres de familia de poder darles seguridad.
Todo se descontroló. Las escuelas y los institutos dejaron de ser los espacios para la elaboración de la entidad, donde los jóvenes y adolescentes encontraban la oportunidad de adquirir saberes y competencias que les propiciaran una inserción social constructiva y el mejoramiento de las condiciones de vida.
El sistema educativo público mermó sus esfuerzos por proporcionar recursos y herramientas para transformar las energías de los jóvenes, sus intereses y capacidades en oportunidades para el beneficio particular y colectivo.
La desidia de los gobernantes hacia la educación y la responsabilidad de los jóvenes se convirtió en impotencia al grado que el Estado se volvió débil en todos los sentidos, mientras los grupos criminales se tomaron el territorio y el control del país, al grado que definían las políticas públicas de la nación, como lo fue la maldita tregua entre terroristas.
¿Acaso ya se olvidó la historia de sangre reciente? Veamos. En julio de 2004, El Salvador se estremeció ante un hecho de violencia: dos estudiantes fueron asesinados por pandilleros. En 2014, el año escolar finalizó con 26 estudiantes asesinados. 2016 no fue mejor. Las «autoridades» reportaron que los grupos criminales les quitaron la vida a 30 alumnos.
A finales de 2017, el mismo Ministerio de Educación informó del asesinato de 15 estudiantes en manos de pandilleros, durante ese año. ¿Qué dijeron entonces los encargados del ministerio? Textualmente: «Este año, en las escuelas públicas solo encontramos alrededor de 15 casos, tenemos nueve casos en agosto, yo estaba muy contento que se había reducido bastante, pero el repunte de septiembre y octubre también golpeó al Ministerio de Educación con alrededor de unos siete casos más». Palabras del viceministro de entonces, Francisco Castaneda.
¿Contento, dijo? Sí. ¿No valía entonces la vida de un tan solo estudiante? ¿Contento porque eran menos que en 2016? Aplausos. Por cierto, ¿dónde estaban las oenegés supuestas defensoras de derechos humanos o los organismos internacionales?, ¿cuándo dieron un grito al cielo exigiendo que areneros y efemelenistas protegieran las vidas de niños, adolescentes y jóvenes?, ¿cuándo exigieron una condena al Estado salvadoreño por la no protección de los estudiantes?
Ustedes que ahora se sajan exigiendo la liberación de miles de terroristas que pagan sus actos crueles y viles de la sociedad en los centros penales del país, ¿no importaban las vidas de los estudiantes? ¿Por qué exigen la liberación de asesinos?, ¿por qué se oponen a la recuperación de los valores en los centros educativos?
Ahora resulta que rescatar los valores cívicos y morales es «militarismo». Decadentes son las exposiciones de «ilustrados» jesuitas y otros peleados con la vida que espetan sus idioteces en espacios que les brindan medios de su misma calaña, o en redes sociales.
Adoctrinamiento es el que han hecho siempre en sus universidades, colegios y medios de «comunicación», formando personas inconformes con la vida, creyendo en palomitas de papel. Llegaron al colmo de defender a los asesinos de sus compañeros. Bajeros, que añoran la corrupción de areneros, efemelenistas y de Rodolfo Parker.
No he visto un padre de familia responsable, honesto, trabajador, que no aplauda las acciones que el presidente Nayib Bukele ha venido tomando desde el 1.° de junio de 2019 para llevar a otro nivel el sistema educativo. Todos agradecen y respaldan sus decisiones.
Los colegios privados se han sumado con entusiasmo al rescate de los valores cívicos y morales. Es la restitución de las nuevas generaciones, para formar hombres y mujeres de bien, que aporten a la sociedad, en un entorno de total seguridad y libertad. Esto, obviamente, riñe con los objetivos perversos de los opositores.
Lamentablemente para los que luchan para que el país regrese a la ruta del desorden tricolor y rojo, del luto, de la ignorancia, del dominio criminal de maras y pandillas, nueve de cada 10 respaldan a Nayib.
Solo las mentes oprimidas, por mucha academia que tengan, son las que intentan detener el desarrollo de El Salvador.
