Tras finalizar la guerra en El Salvador y con la firma de los «acuerdos de paz» en 1992, el país cerró brevemente un ciclo violento que dejó un saldo de más de 75,000 salvadoreños asesinados; sin embargo, esa aparente tranquilidad no duró mucho, pues dio paso al surgimiento de una amenaza mayor: las pandillas, es decir, grupos criminales que causaron más de 100,000 asesinatos en un período que abarcó, principalmente, gobiernos de los partidos ARENA y FMLN.
Es así como luego de la firma de estos acuerdos surgen bandas dedicadas al secuestro, robo de carros, agencias bancarias y vinculadas a otros delitos. En 1993 inician las primeras deportaciones de salvadoreños provenientes de Estados Unidos, principalmente los radicados en Los Ángeles, California, vinculados al accionar criminal de la MS-13 angelina. Ya en El Salvador, los pandilleros deportados se instalaron en las comunidades, donde en los jóvenes encontraron un potencial semillero para adoctrinarlos.
Así fue como los nuevos mareros inducían a otros jóvenes para involucrarse en las maras, en las que establecieron sus propios códigos y reglas para ingresar. Todo ante la pasividad estatal, leyes frágiles y mirada internacional cómplice. Datos oficiales revelan que las víctimas de homicidio perpetrados por las maras eran, en más de 45 %, jóvenes.
En el 2000, las pandillas ya tenían el control total de las comunidades, barrios y colonias. En una desesperación por contrarrestarlas, el expresidente Francisco Flores (1999-2004) anunció en julio de 2003 la implementación del plan Mano Dura, misma estrategia que usaría el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) con el nombre Super Mano Dura.
Ambas fracasaron y potenciaron a estos grupos. Las capturas masivas y el traslado de pandilleros a los centros penales les permitieron agruparse y organizarse, utilizando las cárceles como centros logísticos del crimen y para definir la cadena de mandos como ranfleros, palabreros, etc.
Las maras pasaron de tener 12,000 integrantes en 2009 a más de 70,000 al finalizar el segundo gobierno del FMLN, en mayo de 2019. Incluso Mauricio Funes abogó por ellos ante las Naciones Unidas.
Investigaciones determinaron que las maras pretendían convertirse en partido político, como lo hizo el FMLN, que pasó de ser un grupo guerrillero hostil a ser un instituto político. Los gobiernos del FMLN potenciaron su operatividad con la «tregua» y otorgaron beneficios como la entrega de municipios donde no se efectuarían capturas y el control de las prisiones.
Incluso les permitieron que se adiestraran en los polígonos de la Fuerza Armada, todo esto cuando ya eran estructura de crimen organizado e interlocutores del Gobierno rojo.
