Victoria no es la primera ni la última persona a la que México le concede una visa humanitaria. Pero sí es la primera migrante asesinada este año bajo el yugo de la policía mexicana.
Tenía 36 años y murió en una acera en Tulum, Quintana Roo, luego de ser sometida por cuatro policías locales quienes aparentemente la asfixiaron hasta la muerte. No fue sino dos días después que Victoria Esperanza Salazar apareció en el discurso de los presidentes mexicano y salvadoreño como una víctima del uso excesivo de la fuerza.
También apareció en los cuestionamientos de las organizaciones pro derechos de los migrantes que ya ven con desdén la funcionalidad de los convenios de protección a los migrantes.
Victoria llevaba cinco años en México, bajo el amparo de una visa humanitaria. Tenía dos hijos menores. En 2017, cuando la violencia en El Salvador rondaba los 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes, Victoria decidió huir a Estados Unidos, pero en el camino se dio cuenta de que una visa humanitaria en México resolvería su condición de migrante temporalmente y decidió quedarse en ese país, donde acabaría muriendo el 27 de marzo.
Iba sola en ese entonces. Luego se reunió con sus hijos menores y los tres se establecieron en México donde Victoria trabajaba limpiando hoteles de la zona costera de Quintana Roo. Hoy, tras su asesinato, los hijos de la migrante quedaron a la deriva. Uno de ellos está en custodia de las autoridades mexicanas y el otro, teme que ese resguardo le cueste la vida igual que a su madre.
«La otra niña siente temor cuando ve a la policía. No sé si ha quedado con algún trauma o si ella piensa que la policía le puede hacer algo», relató Rosibel Arriaza, madre de Victoria, luego de reunirse con funcionarios del gobierno de El Salvador.
Tanto el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como su homólogo en México, Manuel López Obrador han expresado su indignación por el asesinato de la migrante.
«Veo a miles de mexicanos indignados exigiendo justicia para nuestra compatriota. Ellos están igual de indignados que nosotros. Que no se nos olvide que no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino unos criminales en la policía de Tulum», dijo Bukele.
Obrador, por su parte, se comprometió a «castigar a los responsables».
Una familia rota
«Pido justicia para mi hija aunque ya no vuelva a la vida». Con una voz quebrantada, Rosibel Arriaza, madre de Victoria, habló con la prensa sobre cómo su dolor le impidió reconocer el cadáver de su hija a través de fotografías. Asimismo pidió que los asesinos de su hija no se queden sin castigo.
«Aunque sé que mi hija ya no volverá a la vida, en el área moral yo sí estaría satisfecha de que esos señores [policías mexicanos] paguen por lo que hicieron», dijo al salir de una reunión con funcionarios del gobierno salvadoreño.
En una conversación vía telefónica con la Voz de América, Arriaza dijo que prepara documentos para enviarlos a Cancillería con la esperanza de ir a México a reunirse con sus nietas, quienes quedaron solas luego del asesinato de Victoria. Relata con zozobra -y como último recuerdo- cómo su hija planeaba comprar un lote de tierra pues el alquiler en México era complicado de pagar con el salario de doméstica.
En El Salvador ya se organizan concentraciones por el asesinato de Victoria. Este 29 de marzo está programada una para las 6:00 p.m hora de El Salvador. Algunos activistas y defensores de derechos humanos comparan el asesinato de Victoria con el de George Floyd, ocurrido en mayo de 2020, en Estados Unidos, a manos de la policía.
¿Afectará a los convenios migratorios?
Sophia Cortez, estratega política y líder comunitaria en Estados Unidos dijo a la Voz de América que los convenios de protección al migrante son un fracaso, por ser “palabra muerta” y que el caso de Victoria demuestra una falta de estrategia política migratoria “justa” a nivel regional y hemisférico.
«En el Triángulo Norte hay un resurgimiento de una oleada de migración irregular porque sigue existiendo el trasfondo que los obliga a migrar. En ese corredor siempre ha habido una continua violación de derechos humanos; no se les garantizan los derechos como refugiados».
Al menos 5.000 migrantes son detenidos a diario en la frontera sur de Estados Unidos. Los datos fueron compartidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza el pasado 26 de marzo.
Victoria tenía una visa humanitaria. En los últimos dos años, la visa humanitaria dada por México se ha convertido en una política migratoria que busca bajar de tono las persecuciones a migrantes en ese país. Por lo que organizaciones como el Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) cuestionan qué ha fallado en el caso de Victoria.
«Los migrantes no representan un peligro; peligrosas son las rutas por las que caminan y en esas rutas no tenemos autoridades que garanticen la protección de sus derechos», dijo a la Voz de América César Ríos, director del INSAMI.
Una opinión similar tiene Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien agregó que el uso excesivo de la fuerza por parte de destacamentos policiales y militares en México «ha sido una constante preocupación» para los diferentes organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
Además a Guevara-Rosas no se le escapa el componente de violencia de género que se puede observar en el caso de Víctoria, «se trata del caso de una mujer que lamentablemente se suma a la lista de feminicidios que se cometen en México».
La representantes del Amnistía Internacional denunció que estos abusos «aberrantes» sigan pasando contra los migrantes y cree que es necesario eliminar «la impunidad» y que, para ello, las autoridades mexicanas deben investigar apropiadamente estas violaciones a los derechos humanos.
«En la medida que las investigaciones no conlleven una sanción a los perpetradores (…) no se garantizan los derechos a la verdad a la justicia y sobre todo a la no repetición de estos lamentables incidentes», apuntó Guevara-Rosas.
Cortéz por su parte ve el asesinato de Victoria como un producto de la exclusión social a la persona migrante.
«Queda en evidencia la exclusión social que estamos viendo en los países de tránsito México y Centroamérica, y este tema tiene otra característica que muchos tratan de ignorar porque es incómodo y es una realidad demasiado cruel y es que también un factor xenofóbico que agita el odio hacia los migrantes. Hay una demonización del migrante, en especial en México y Guatemala donde hay una persecución, racial y étnico hacia los migrantes de otros países», señala la estratega política.
El Salvador y México son países suscritos a convenios internacionales que garantizan la protección a los migrantes. Pero, ¿es la visa humanitaria suficiente para garantizar esa protección?
Guevara-Rosas cree que el caso de Victoria pone en aprietos estos convenios, pues se trata de una persona que escapó de su país buscando refugio en México y, al buscar esa protección en manos de la policía «han sido asesinados».
