Entre las principales novedades que incluye la propuesta de normativa es la transición de unidades valorativas a créditos académicos, es decir que las instituciones deberán expresar en créditos académicos el tiempo de trabajo de cada estudiante en función de las competencias académicas que requiera el programa de estudios. Cada crédito corresponde a 25 horas de trabajo y se podrá desarrollar en ciclos, módulos o estructuras curriculares.
Esto eliminará los años como requisito para obtener un grado académico y favorecerá la movilidad, el intercambio y el reconocimiento académico internacional, pues la mayoría de las universidades extranjeras implementan los créditos académicos.
En ese sentido, el técnico requiere 120 créditos, las licenciaturas, ingenierías, arquitecturas y profesorados, 240 créditos. Por su parte, las maestrías, 60 a 120 créditos y la especialidad médica entre 120 a 180 créditos.
En relación con el trabajo de los docentes, se establece un piso para el pago de la hora de clase en el nivel superior, que es del 3 % del salario mínimo para pregrado, y 10 % en postgrado. Esto ajustará el pago de muchos docentes que reciben cantidades inferiores en centros educativos privados.
A los maestros también se les exigirá la certificación para ejercer la docencia en el nivel superior; sin embargo, esto ya se completó, pues desde 2023 el Ministerio de Educación (Mined) certificó a todos los maestros de las universidades. Además, la propuesta de ley define por primera vez como académicos a los maestros, investigadores y personas que desarrollan la vinculación social y la administración académica.
Por su parte, las instituciones de educación superior deberán destinar de su presupuesto institucional al menos entre el 5 % y 3 % para la investigación y deberán contar con un programa de becas para estudiantes de bajo recursos y de buen rendimiento académico.
Asimismo, se crea el Consejo Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Conaces), que sustituye al actual Consejo Nacional de Acreditación (CdA), y la acreditación será obligatoria para todas las instituciones de educación superior, pues antes era voluntaria.
«Entre los requisitos para crear una institución de educación superior se incluyen: contar con escrituras de propiedad y planos de la infraestructura física propia, tener una plataforma, recursos tecnológicos y digitales adecuados y funcionales, entre otros», informó la Dirección de Educación Superior.
Para los estudiantes se implementarán los derechos para los alumnos con discapacidades, se crea un plan nacional de becas, se elimina el servicio social para postgrados y para graduarse se debe acreditar el dominio intermedio de un segundo idioma.
«Estos y otros elementos esenciales de la ley impactarán el quehacer de la educación superior para beneficiar a la comunidad educativa, disponiendo de mejores recursos», indicó la Dirección de Educación Superior.
La ley de Educación Superior actual fue creada en 1997 y en 2004 tuvo modificaciones.
