¿Consideran ustedes que los miembros de la MS-13 son terroristas? Esa fue la pregunta que en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos hizo un congresista republicano a quienes dicen ser defensores de derechos humanos y a periodistas autoexiliados, y evidentemente parcializados. Un cuestionamiento que el interlocutor se negó a responder, dejando al descubierto que el objetivo de todos esos informes y comparecencias no es la defensa de los inocentes, sino de los miembros de las pandillas.
Lo ocurrido en la sala de audiencias de la Comisión Tom Lantos no fue un simple intercambio de opiniones, sino un momento de claridad meridiana. Por años, diversas organizaciones no gubernamentales y ciertos sectores del periodismo han construido una narrativa en la que el Estado salvadoreño es dibujado como un ente opresor, mientras omiten sistemáticamente la naturaleza criminal de las estructuras que mantuvieron a la población bajo un régimen de terror por décadas. Al ser confrontados con la definición de «terrorista» para la MS-13, el silencio y las evasivas de los comparecientes no fueron una falla de comunicación, sino una confesión de su agenda política.
Durante el desarrollo de la sesión fue cuestionada la validez de los informes presentados, los cuales suelen basarse en testimonios no verificados o en interpretaciones sesgadas de la legalidad vigente en El Salvador. La negativa a calificar a la MS-13 como una organización terrorista resulta incomprensible para cualquier ciudadano que haya sufrido extorsiones, desplazamientos forzados o la pérdida de familiares a manos de estos grupos. Para el observador objetivo queda claro que existe un abismo entre la «teoría» de derechos humanos que defienden estos grupos en foros internacionales y la realidad sangrienta que estas pandillas impusieron en el territorio.
Este fenómeno revela una preocupante instrumentalización de los derechos humanos. Cuando los defensores de estos derechos se muestran incapaces de condenar de forma tajante a estructuras criminales que han asesinado a miles, su credibilidad se desploma. La sesión parlamentaria puso de relieve que, para estos sectores, el derecho parece existir únicamente para proteger a quienes rompen la ley, dejando en el total desamparo a las víctimas reales: la gente honrada que ahora, por primera vez, camina segura por las calles gracias a las políticas de seguridad que estos mismos críticos intentan desmantelar desde el extranjero.
En conclusión, la pregunta formulada por el congresista sirvió como una forma de medir la honestidad. Si una organización o un periodista no es capaz de llamar terrorista a quien utiliza el asesinato y el caos para someter a una nación, entonces su lucha no es por la justicia, sino por el mantenimiento de un «statu quo» criminal que les resulta útil para sus fines ideológicos o financieros.
El Salvador ha decidido pasar la página del terror, y frente a esa determinación, las agendas externas que buscan victimizar a los victimarios quedan expuestas como lo que realmente son: una farsa que ya no tiene espacio en la nueva realidad del país.
