El exponencial incremento patrimonial del diputado del partido ARENA, Carlos Armando Reyes Ramos, que pasó de $570,306.91 en su primer período en 1997-2000 a triplicarlo en mayo 2018 sumando $1,684,548.00, justo cuando iniciaba su octavo período en la Asamblea Legislativa y por el cual la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene un proceso abierto -y sin avanzar- por supuesto enriquecimiento ilícito, ha generado diversas críticas.
Diario El Salvador buscó la opinión de diferentes actores de la política nacional y de organismos que velan por la transparencia sobre la caudalosa fortuna y patrimonio que Reyes ha sumado en más de 23 como diputado, actualmente forma parte de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda donde también se le ha señalado de favorecer, aparentemente, a empresarios del transporte público de pasajeros.
Este diputado tiene una sociedad que, precisamente, puede ofrecer servicios de transporte en el sector público y en el privado. Recientemente dicha comisión, en la cual Reyes está al frente, validó una propuesta para dar una «compensación» a los buseros –además del subsidio mensual de $200 para microbuses y $400 por cada bus–, un bono extra a los transportistas de $1,400 por las primeras unidades y $2,800 por autobuses correspondiente a siete meses que las unidades permanecieron sin circular debido a la cuarentena por la pandemia de la COVID-19.
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Para el director del movimiento Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, los casos en los que diputados de la Asamblea Legislativa –u otros funcionarios públicos– se vean vinculados con actos de corrupción tienen que ser investigados, esta es una de las acciones que constantemente promueven como movimiento.
«Nosotros estamos en la lógica de que se investigue cualquier irregularidad que involucre a funcionarios y que signifique de alguna manera algún enriquecimiento ilícito provocado por algún acto de corrupción, en esa medida lo que nosotros esperamos es que la Sección de Probidad pueda procesar y someter a conocimiento de la CSJ todo este tipo de casos», expresó.
Agregó que «esperamos que la CSJ valore lo que presenta la Sección de Probidad y proceda conforme a derecho, es decir, si hay suficientes indicios de enriquecimiento ilícito de algún funcionario que se proceda conforme a ley».
Se le consultó cómo desde Acción Ciudadana analizan estos casos cuando se refleja en informes de Probidad incremento de riquezas de funcionarios, tal como lo muestran la fortuna de Reyes, que además tiene 113 propiedades a su nombre en diversos departamentos.
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«Lo que uno puede pensares que no se ha erradicado este mal, este uso discrecional de los fondos públicos. Esto es cuestionable y condenable en un contexto de país con grandes limitaciones económicas, y esto es lo que las organizaciones hemos venido peleando desde hace varios años el tema del ejercicio del poder se haga de una forma transparente y que no se tolere ningún hecho de corrupción», comentó Escobar.
El incremento de $866,664 a más de 1.5 millones del diputado arenero entre 2012 y 2015, hizo que Probidad de la CSJ lo incluyera en 2016 en el listado de los funcionarios públicos que son investigados por dicha sección por presunto enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con Escobar, por el momento dicha oficina no tiene la capacidad para poder depurar rápido estos casos. Por el momento se desconoce la mora judicial en ese sentido.
«Hay que tener en cuenta que la Sección de Probidad no es una instancia estatal con la suficiente fortaleza y capacidad para depurar todo ese tipo de casos porque hablamos que son miles de funcionarios los que tienen que declarar su patrimonio y si estamos hablando de declaraciones de entrada y salida es una cantidad importante de declaraciones, la capacidad instalada de Probidad no da abasto para procesar toda esta cantidad de declaraciones», comentó Escobar.
Diputados señalados deben aclarar señalamientos jurídicos
Para el diputado del partido GANA, Numan Salgado, que los salvadoreños vean en la figura de los legisladores casos como el de Reyes, dice, ha sido el común denominador de la clase política en los últimos 40 años el cual va acompañado de corrupción.
«El común denominador dela clase política se sitúa en lo que es corrupción, malversación y aprovechamiento de los recursos públicos del Estado, eso ha sido en los 30 a 40 años que hemos vivido los salvadoreños y la figura del político en sí es por cuestiones históricas», comentó el legislador de GANA.
Aclara que la figura del legislador debería –en el deber ser- ser todo lo contrario como lo indica la Constitución de la República, es decir, de moralidad e instrucción notoria.
No hay protagonismo de la Corte de Cuentas
La nueva generación de aspirantes a diputados como José Urbina, de Nuevas Ideas, opinó que instituciones como la Corte de Cuentas de la República (CCR) tampoco han tomado protagonismo en la investigación de casos como el diputado Reyes y su incremento patrimonial.
«Todos estos diputados corporativos tienen un financiamiento de estos sectores –por su supuesto vínculo con el sector transporte– y eso es lo que se refleja en sus aumentos patrimoniales y como nunca ha habido una Corte de Cuentas que los investigue ellos acumularon fortuna despreocupados porque no iba a existir un ente contralor serio que profundice en todos estos patrimonios ilícitos», dijo Urbina.
Agregó que «el caso del diputado Reyes es la mejor definición de un diputado corporativo, por la actitud de qué personas recibe en su despacho y en la Asamblea usualmente son sectores vinculados al patrocinio que tiene sector transporte».
Respecto a la escandalosa fortuna del diputado de ARENA, Diario El Salvador buscó la opinión de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) que suele denunciar corrupción y promueve la transparencia a nivel de funcionarios e instituciones públicas, pero al cierre de esta nota no fue posible contactar a ninguno de sus representantes pese a haberse gestionado con la unidad de Comunicaciones y llamado directo a los celulares del director ejecutivo, Roberto Rubio, y del investigador Wilson Sandoval.
