Trece militares salvadoreños involucrados en la masacre de seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) y dos de sus asistentes el 16 de noviembre de 1989, durante el conflicto armado, tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que «esta designación se debe a su participación en graves violaciones de los derechos humanos en El Salvador», ya que «los 13 militares salvadoreños, que varían en rango de general a privado estuvieron vinculados en la planificación» de la masacre.
Los militares Juan Bustillo, Juan Zepeda, Francisco Fuentes, Guillermo Benavides, Yusshy René Mendoza, José Espinoza, Gonzalo Guevara, Carlos Hernández, Oscar Amaya, Antonio Avalos, Ángel Pérez, José Sierra e Inocente Orlando Montano, quien ya fue condenado en España a 133 años de cárcel por el hecho; tienen restringido el ingreso a Estados Unidos.
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Las autoridades estadounidenses recalcaron que pese a relación de trabajo con la Fuerza Armada salvadoreña «continuaremos utilizando todas las herramientas y autoridades disponibles, según corresponda para abordar las violaciones y abusos de derechos humanos en todo el mundo, sin importar cuándo ocurrieron o quién los perpetró.»
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un grupo de soldados del batallón Atlacatl de las Fuerzas Armadas de El Salvador irrumpió en las instalaciones de la UCA y masacró a los religiosos. En el ataque fallecieron seis jesuitas: los españoles Ignacio Ellacuría (rector de la universidad), Ignacio Martín-Baró (vicerrector académico), Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López; y el salvadoreño Joaquín López.
El Departamento de Estado recalcó que Estados Unidos condena todos los abusos contra los derechos humanos durante la brutal guerra civil en El Salvador, «incluidos los cometidos por partes gubernamentales y no gubernamentales».
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Entre los funcionarios actuales y sobre quien hay señalamiento de haber participado de un crimen de guerra, se encuentra el actual diputado de la Asamblea Legislativa por el PCN, José Antonio Almendariz Rivas, y a su familia. Ellos tienen prohibido ingresar a Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses vinculan al legislador con el asesinato de la doctora española Begoña García de Arandigoyen, el 10 de septiembre de 1990, durante el conflicto armado.
Almendariz es uno de los 17 funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares que no pueden viajar al país norteamericano.
