La Sala de lo Constitucional resolvió este día la controversia en favor del Ejecutivo, al confirmar la inconstitucionalidad del decreto legislativo 781 por vicio de forma, con el que los diputados pretendían incorporar al Presupuesto General de la Nación dinero para sus alcaldes, beneficios a veteranos de guerra y la contrapartida de FOMILENIO II, recursos que ya tenían destinos específicos.
«Es el Ejecutivo el que lleva la rectoría de las finanzas públicas, es este el que determina, por ejemplo, la racionalidad del gasto, la política de gasto, y también (la Sala) le da la razón al Ejecutivo que, en contexto de emergencias, debe dar las prioridades fiscales para dar respuesta inmediata a las necesidades que deben enfrentarse», explicó Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia a Diario El Salvador.
En su origen, el decreto legislativo 640 destinaba $400 millones de fondos externos para devolución del IVA ($100 millones) y para pago a proveedores ($300 millones). Sin embargo, los diputados establecieron en el decreto 781, del 26 de noviembre pasado, una nueva distribución en la que asignaron $50 millones para la contrapartida de Fomilenio II, $288,2 millones para el FODES, $16 millones para veteranos y $45.8 millones para pago a proveedores.
