En esta cárcel de máxima seguridad en Morocelí, 50 km al este de Tegucigalpa, están recluidos 1.755 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), una de las dos grandes pandillas de Honduras, custodiados por 200 soldados y guardias.
«Queremos hacerle una petición directamente al Estado, a la empresa privada y a la empresa pública: nosotros como privados de libertad queremos una oportunidad, una oportunidad de empleo, de reinserción social», dice Ramiro Oliva, quien prefiere utilizar un seudónimo.
La tranquilidad llegó a esta cárcel el año pasado luego de que trasladaron a los reclusos de la Barrio 18, la pandilla rival de la MS-13, a la prisión de máxima seguridad de El Pozo, en Ilama, 200 km al noroeste de la capital.
Antes, y desde 2017, año en que abrió esta prisión, se habían registrado varios enfrentamientos con un saldo de 24 muertos, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Semana de fiesta
Con motivo de la «Semana del Privado de Libertad», las autoridades permitieron una visita de un equipo de la AFP a esta cárcel con edificios de bloques de concreto gris, rodeados de vallas y serpentinas de púas, en una explanada cercada por colinas de maleza.
Cada uno de los ocho módulos de La Tolva alberga hasta 200 internos, mientras que en el de mujeres solo hay 69 reclusas.
En una pequeña cancha de fútbol al aire libre, siete reclusos hombres y una mujer que lideran los módulos saludan a los periodistas con un apretón de manos.
Están impecablemente aseados, con el cabello recortado, y visten camisetas blancas, pantalones negros o azul marino y zapatillas deportivas de marcas reconocidas.
Estos líderes tienen un discurso similar: quieren oportunidades de empleo para reintegrarse a la sociedad, pues dicen que desean que sus hijos vivan en paz.
Durante años, las pandillas han impuesto su ley a sangre y fuego en Honduras. Para contenerlas, en diciembre de 2022 se decretó un estado de excepción que permite realizar arrestos sin orden judicial.
El año pasado, el país registró 34,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, una leve reducción en comparación con los 44,7 de 2019 y muy lejos del récord de 86,5 alcanzado en 2011, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.
«Petición directa»
«Muchas personas hoy en día son graduados, salidas de universidades, de colegios, tienen sus papeles totalmente limpios, se presentan a empresas tanto públicas como privadas a solicitar algún tipo de empleo y no lo encuentran», señala Oliva.
La situación es peor para las «personas con nuestras hojas de antecedentes manchadas» lamenta, al asegurar que los reclusos no tienen vínculos con los pandilleros que siguen libres.
El director de la cárcel, teniente coronel Karllthers Medina, explica que en La Tolva existe un programa denominado Las tres R: rehabilitación, reeducación y reinserción.
Fue lanzado después de que la presidenta Xiomara Castro ordenara el año pasado imponer disciplina en las 25 prisiones del país a la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
Con Las tres R se «busca que el privado de libertad también aprenda oficios, de tal manera que cuando retorne a su libertad pues él pueda dedicarse a algo para su sustento», indica Medina.
La mandataria tomó la decisión luego de que reclusas de la Barrio 18 mataran y quemaran en sus celdas a 46 presas de la MS-13 en la penitenciaría femenina de Támara, 25 km al norte de Tegucigalpa.
Como parte del programa de Las tres R, nueve reclusos hombres y mujeres, vestidos con pantalones anchos anaranjados y camisetas y chaleco crema, fueron a entregar 16 sillas a una escuela cercana.
