Hace unos días tuvimos la oportunidad de expresar, a través de diferentes artículos, la necesidad de independencia que tenían que tener dos magistrados del TSE. En el primer artículo, dirigido al magistrado Olivo —nombrado por el FMLN—, señalábamos que la alegría que tenemos los electores por los comicios que se avecinan «se ve opacada para un sector político y un alto número de simpatizantes, derivado de las recientes declaraciones o manifestaciones que diera en una entrevista matutina el magistrado propuesto por el partido FMLN, Julio Olivo», Ello por las declaraciones que dio dicho funcionario en una entrevista televisiva y por la parcialidad de dicho magistrado con un sector político.
En el otro artículo, dirigido al magistrado Wellman —nombrado por ARENA—, señalábamos que «el inicio de la fiesta cívica del próximo 28 de febrero parece convertirse en la posible ruptura y desconfianza a la institucionalidad del sistema electoral en su conjunto». Expresándole, además, a dicho funcionario que el mismo «no solamente se debe estar claro de las reglas que establece el Código Electoral en cuanto al diseño, preparación, organización, dirección, vigilancia y promoción de los comicios y sus escrutinios, sino también de las reglas de un proceso de elecciones que sea transparente, ordenado y eficiente, debiendo tener especial cuidado en darle la igualdad de armas a todas las fuerzas políticas en el inicio, desarrollo y finalización del proceso electoral».
La situación de observancia o recomendaciones que se dieron a dichos magistrados no solo no han cambiado en lo que se refiere al tratamiento de la igualdad y transparencia hacia un partido político, sino que, por el contrario, ha empeorado para la transparencia de las elecciones.
Ello se trae a colación porque recientemente hemos visto que los dos funcionarios mencionados se han negado a dar los votos para un auditoria internacional, derivado de las manifiestas y recientes fallas que ha tenido el sistema que aprobó el ente colegiado, y la falta de voluntad de los mismos se agrava cuando la magistrada presidenta señala: «Quiero informar al pueblo salvadoreño que no obtuve los votos necesarios de los magistrados para la auditoría internacional del sistema».
Cabe aclarar que los votos a los que se refería la magistrada presidenta son los mismos votos que se han negado para una justicia electoral igualitaria para todos los partidos, es decir, los votos de los dos magistrados a los que hemos hecho referencia, funcionarios que deben tener claro que ellos «deben estar obligados únicamente por la Constitución y a las leyes, de modo que no deben tener ningún tipo de identificación de compromiso político-partidario», como se dijo en las sentencias de inconstitucionalidad 7- 2011, 49-2011 y 77-2013.
No cabe duda de que la apatía a garantizar que las elecciones tengan un buen rumbo, con los mecanismos de seguridad tecnológicos o manuales y con las auditorías correspondientes, no está dentro de la agenda de los mencionados magistrados, lo cual trae como consecuencia que los partidos en general defiendan el voto de forma férrea y contundente.
Y es que, a pesar de lo que señala la jurisprudencia constitucional referente a que toda la institucionalidad del TSE «no debe responder a los intereses partidarios y particulares del instituto político que los haya propuesto, sino que, cumplir entre otros deberes, con el de garantizar el respeto al sufragio activo, denunciar y evitar —en la medida de sus posibilidades– todo acto que pueda conducir a la alteración ilegítima de las elecciones», no se ha cumplido por los funcionarios mencionados.
¡En fin! Estamos a las puertas de una fiesta cívica, donde los ciudadanos seremos los mayores garantes y auditores en la defensa del sufragio activo tanto en el desarrollo de dicho evento como posterior al mismo, lo cual nos obliga a estar alerta.
