La violencia política no tiene ningún sentido, y en estos tiempos tampoco tiene cabida para cualquier persona civilizada. El Salvador vive un proceso electoral histórico que permitirá cambios irreversibles en la sociedad; por ello, la violencia contra militantes de partidos políticos es inaceptable. Son los votos, y no las balas o los ataques y las descalificaciones, los que traerán los cambios que el país necesita.
Por décadas vimos que la polarización entre ARENA y el FMLN era el motor de la política salvadoreña, pero los ciudadanos ya están fastidiados de esa dinámica y desde el 3 de febrero de 2019 dieron vuelta a la página, porque son tiempos que ya pasaron. No hay ninguna razón para que estos dos partidos obtengan rédito electoral con la promoción de la violencia.
Sin embargo, ahora vemos que han sido estos institutos políticos los que, sin esperar ninguna investigación formal, corrieron a buscar culpables de la lamentable muerte de dos militantes del FMLN. Independientemente de quiénes sean los responsables, anunció el presidente Nayib Bukele, serán llevados a la justicia para que sean castigados por sus actos. No podemos, como sociedad, amparar la violencia de ningún tipo.
En campañas anteriores hemos visto que los muertos surgían al calor del fanatismo político, activistas que eran atacados a pedradas por adversarios cuando colocaban propaganda de su partido, sedes de institutos políticos vandalizadas y manchadas con aceite quemado, propaganda destruida o dañada…
Todo esto, que debería ser parte de la historia que como sociedad debemos superar, aún está presente. No podemos hacer juicios «a priori» y culpar a funcionarios por actos en los que no hay pruebas de su vinculación. Dejemos a las instituciones trabajar. Hemos oído al fiscal general, Raúl Melara, reconocer que uno de los atacantes está herido de bala, lo que nos pone ante una situación muy complicada, porque ahora resulta que cabe la posibilidad de que fue un enfrentamiento y que activistas políticos participan en actos públicos armados. Esto también debe cesar de inmediato. La Constitución de la República prohíbe expresamente las instituciones políticas armadas.
Un partido con sólida ventaja electoral no puede ejecutar acciones que dañen sus resultados, y menos aún aquellas que demuestran desesperación. En ese sentido, la investigación determinará de dónde vino el ataque o si se trató de actos al azar de enajenados.
El 28F es una oportunidad histórica para El Salvador y debe ser una fiesta cívica. Es la oportunidad para que el pueblo salvadoreño tome un nuevo rumbo, lejos de las extremas y de su lógica destructiva y violenta. Como ciudadanos, esperamos que la Fiscalía investigue en profundidad y deduzca responsabilidades.
