Las migrantes venezolanos son presa fácil de formas de esclavitud moderna, como el trabajo forzado o la explotación sexual, según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Salir del país sin documentos y por vías irregulares expone a los migrantes venezolanos a redes de tráfico humano, sobre todo, en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia, destaca una investigación de esta universidad venezolana, publicado recientemente.
«Son personas que son vistas como elementos redituables, pues no se extinguen hasta tanto no se acabe la persona y pueden comercializarlas cuantas veces como sea posible», explica a la Voz de América Eumelys Moya, investigadora de la UCAB.
Las bandas, según el estudio, se aprovechan de mujeres y adolescentes que salen de Venezuela sin dinero, sin pertenencias y, en ocasiones, con signos de desnutrición. Prometen agilizar permisos migratorios y llevarlos a sitios supuestamente seguros.
«¿De qué se valen estas redes? De promesas laborales engañosas, unos sueldos fabulosos, unas condiciones o beneficios llamativos para que estas personas sucumban y acepten la oferta», expone Moya.
El uso de redes sociales y otros medios de comunicación interpersonal «siguen siendo de las principales herramientas de captación», explica la investigación.
En el caso de los migrantes venezolanos que van rumbo a Brasil, «existen elementos suficientes para hablar de la existencia de redes de trata de personas que captan a estos migrantes para fines de explotación», afirma el informe.
Las condiciones de pobreza de estos migrantes también los somete a otro tipo de abusos.
«En Colombia, logramos conocer algunos casos de mujeres que las personas le alquilan una habitación, incluso estando con su familia, y luego le quieren cobrar con favores sexuales a cambio de permitirles la permanencia en esa residencia o en los lugares de trabajo», comenta la investigadora.
En el Norte de Santander se determinó que el 90% de las trabajadoras sexuales son de nacionalidad venezolana, señala el reporte como dato.
No solo en Brasil y Colombia
La situación, sin embargo, no se queda en Colombia o Brasil. El reporte recuerda un informe elaborado por Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Costa Rica y Guyana, que reveló que el 21% de 4.600 venezolanos encuestados fueron obligado a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración, o fueron retenidos contra su voluntad desde que salieron.
Además, citan que en junio del 2021 se supo que, una vez las víctimas se encuentran en Trinidad y Tobago, deben pagar hasta 2.000 dólares por su libertad a los líderes de las bandas organizadas de trata.
El texto hace un llamado los países receptores a acatar el cumplimiento de los principios de protección internacional.
«La situación de vulnerabilidad de esta población les deja alarmantemente expuesto a ser víctima de otras violaciones, como las relatadas en este informe, donde queda en evidencia cómo la necesidad de supervivencia, no solo como subsistencia económica sino ante situaciones de inseguridad de estas personas les inserta en dantescas dinámicas de esclavitud moderna», concluyen.
Un reciente informe reciente de un Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió que el número de migrantes y refugiados venezolanos podrían aumentar en 2022 de 5,6 a 7 millones de personas. La mayoría de estas personas se encuentran en países de la región.
