Hasta hace unos años, antes de que el presidente Nayib Bukele fuera electo, el derecho a la circulación, consagrado en la Constitución, no se cumplía. Las pandillas, en una suerte de Estado paralelo, habían impuesto sus propias leyes no escritas, y circular libremente no estaba entre estas.
De forma perniciosa, las administraciones de ARENA y del FMLN permitieron no solo el surgimiento de las maras, sino que su inactividad (y, a menudo, complicidad) propició que estas estructuras criminales crecieran por todo el país y adquirieran fuerza.
Los activistas disfrazados de periodistas que vivían de la violencia y la inseguridad llegaron a declarar con total cinismo que las pandillas «cumplían una labor social» y, por tanto, no era posible erradicarlas de El Salvador. Esa «labor social» que defendían los amantes de las pandillas no era otra cosa que el Estado paralelo que exigía pagar sus propios «impuestos» (la mal llamada renta) y dictaba códigos de conducta que incluían desde no utilizar ropa o calzado identificado con una u otra organización criminal, colores específicos hasta la forma de ingresar en vehículo a una colonia (con luces apagadas o haciendo determinadas señales).
También definían en los territorios las «fronteras» entre pandillas y clicas, irrespetar esos límites acarreaba hasta la muerte. Miles de familias fueron desplazadas y abandonaron sus hogares porque los mareros les quitaron sus casas y propiedades.
Los testimonios de estas atrocidades son abundantes y debemos tenerlos presentes cuando activistas propandillas exijan el «respeto de los derechos humanos» de criminales responsables de brutales asesinatos, torturas y vejaciones.
El Plan Control Territorial, impulsado por el presidente Bukele, ha permitido que un verdadero Estado, que se preocupa por sus ciudadanos, desarticule las pandillas. Así, gracias al régimen de excepción y otras medidas legales aprobadas por la Asamblea Legislativa, las autoridades de Seguridad Pública y el Órgano Judicial (depurado de los malos elementos, de aquellos que le seguían el juego a políticos y criminales) han enviado a prisión a más de 90,000 integrantes y colaboradores de pandillas.
Solamente así el pueblo salvadoreño ha conquistado la paz y la libertad para movilizarse por todo el territorio nacional sin temor a perder la vida o enfrentar un delito. Esta conquista histórica es algo que los extranjeros que visitan el país valoran enormemente.
Hay naciones desarrolladas que tienen lugares a los que no se puede ir. Barrios donde nadie va porque los controla el crimen. El Salvador pasó por eso, y por ello agradece y aprecia su transformación.
