Tras 12 años de haber negociado con las principales pandillas de El Salvador (MS y ambas facciones de la 18) y a dos años de haber sido condenado a 13 años y cuatro meses por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, el expresidente de la Asamblea Legislativa, exdiputado del Parlacen y excandidato presidencial por el partido ARENA, Norman Quijano, ya cumple su condena en una de las principales cárceles salvadoreña.
Fue precisamente el deseo de Quijano por obtener la silla presidencial en las elecciones de 2014, lo que llevó al excandidato del partido ARENA a negociar con las pandillas para que influenciaran en las personas de las comunidades y colonias donde delinquían, para que votaran a favor de su partido e impedir un segundo mandato consecutivo del Frente Farabundo Martí (FMLN).
Según información proporcionada por la Fiscalía, Quijano, junto a otros dirigentes y funcionaros del partido de derecha se reunieron, previo a la segunda vuelta de las elecciones de 2014, con líderes de la Mara Salvatrucha y de las distintas facciones del Barrio 18 para obtener apoyo electoral en zonas bajo control de estas estructuras criminales.
El ministerio público aseguró que se entregaron $100,000 a pandilleros para incidir en el voto a favor de Quijano, el encargado de entregar el dinero fue el alemán Paolo Lüers, así: $50,000 fueron entregados a la MS; $25,000 a la pandilla 18 revolucionarios y otros $25,000 a los sureños. A cambio, según la acusación, se ofrecieron beneficios como programas de reinserción social, la reducción de acciones policiales y además eliminar leyes antipandillas.
Quijano también les dijo a los pandilleros que si le daban el voto, cuando él estuviera en la presidencia iba a invertir en beneficio de las pandillas $100 millones y que ese dinero iba a salir del presupuesto general de la nación.
La Fiscalía señaló que el exdiputado fue señalado por el fallecido alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, de haber ordenado pactos con pandillas a cambio de apoyo electoral.
En noviembre de 2021, la FGR solicitó el desafuero de Quijano como diputado del Parlacen, este fue aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre de ese año. El ministerio público presentó la acusación formal en contra del exfuncionario en octubre de 2022, sustentada en testimonios, audios, videos y documentación que, según la entidad, probaron la existencia de negociaciones políticas a cambio de votos.
Dos años después, en abril de 2024, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador condenó al expresidente legislativo a 13 años y cuatro meses de prisión, tras considerar que existían pruebas suficientes para establecer su responsabilidad penal. El juicio se realizó en ausencia, conforme a las reformas al Código Procesal Penal.
Luego de la condena, el 16 de abril de 2024, la dirigencia de ARENA solicitó al Tribunal de Primera Instancia del partido la expulsión inmediata de Quijano.
«Siendo consistentes con los valores y principios de la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública, hemos solicitado la inmediata expulsión del señor Quijano González», informó el partido de derecha a través de un comunicado.
Según un reporte de USA Today, las autoridades estadounidenses detuvieron a Quijano el 6 de marzo de 2025, mientras gestionaba su solicitud de asilo. Tras su detención, permaneció en un centro de migrantes en Texas hasta que se concretó su entrega a El Salvador para enfrentar la condena.
El pasado lunes 26 de enero, Quijano, arribó a El Salvador procedente de Estados Unidos. «Este día, hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral», publicó el ministerio público.
La Fiscalía informó que el exfuncionario sería trasladado a un centro penal del país, sin especificar en cual permanecerá recluido.
Por haberse reunido con los principales cabecillas de las pandillas y negociar votos para las elecciones presidenciales de 2014, así como legislativas y municipales de 2015, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, también condenó en septiembre del año pasado al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los exministros Benito Lara y Arístides Valencia; también a los intermediarios de las pandillas, Paolo Lüers y Wilson Alvarado, estos tres últimos son prófugos.
