Los registros de las autoridades muestran datos contundentes: el régimen de excepción redujo drásticamente los delitos de alto impacto. Los homicidios, por ejemplo, cayeron un 85.7 % tras el éxito de las medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Gracias a esta reducción, la impunidad de los asesinatos que siguen ocurriendo prácticamente desapareció. Y eso tiene una base lógica: antes a cada fiscal le tocaba investigar medio centenar de casos de muertes violentas. Ahora, en cambio, los crímenes que suceden –muchas veces por actos de intolerancia o por el abuso del consumo del alcohol u otras sustancias o por rencillas— se esclarecen en poco tiempo. Incluso antes de que pasen 24 horas.
Eso si se quiere ver el lado operativo de las autoridades, que si bien ahora disponen de más recursos, entiéndase tiempo y personal, para resolver los casos, el cambio trascendental es del lado de los ciudadanos.
Por primera vez, un Gobierno garantiza los derechos humanos de la mayoría de la población. El derecho a la vida, por ejemplo, tenía un enorme signo de interrogación durante las administraciones de ARENA-FMLN. Como se solía decir en esa época: «uno sale a trabajar, pero no sabe si va a volver», para ejemplificar la incertidumbre que significaron las pandillas para millares de personas.
En esa época la vida no valía nada. Los mareros asesinaban a sangre fría a alguien solo por llevar un color de camisa, por caminar del lado incorrecto de la calle, porque una joven se negó a ser abusada por el cabecilla o porque no tenía dinero suficiente durante un atraco.
Ahora, en cambio, el pueblo conoce la paz y sabe que puede ir a cualquier parte del país a cualquier hora del día o la noche, y tiene la seguridad de que no le va a pasar nada malo.
Los aliados de las pandillas no pierden oportunidad y aseguran que el país está pagando un alto costo por vivir en tranquilidad. Para ellos, tener presos a los integrantes y colaboradores de las organizaciones criminales más despiadadas es un atentado contra los derechos humanos.
Ahora que verdaderamente se respeta la vida de los trabajadores honrados, los que se regodeaban de la violencia de las pandillas cuestionan «el costo» de vivir en seguridad. Para ellos es un costo «muy elevado» porque se les restringen los derechos a los criminales. Lamentan que los mareros no tengan el derecho a ser libres y que ahora viven en condiciones muy duras. Esas declaraciones solo muestran el grado de desconexión con las comunidades y el nivel de compromiso con las pandillas.
