Como portaaviones varados en la grava, sus restos ennegrecidos por las llamas yacen aquí y allá a lo largo de los ríos. En el noroeste de Colombia el gobierno libra una batalla sin cuartel contra las dragas utilizadas para la extracción ilegal de oro.
Los mineros usan estos monstruos de hierro, conocidos como «dragones», para desviar ríos y excavar en su lecho, destruyendo el medio ambiente y, según autoridades, financiando el crimen organizado.
La campaña militar para su destrucción con explosivos suscita una fuerte hostilidad por parte de las comunidades en el municipio de El Bagre (noroeste), en el corazón del Bajo Cauca, una región históricamente rica en oro, donde numerosos mineros subsisten de la explotación informal.
Desde principios de marzo protestan con cortes de rutas y actos de vandalismo. Según el gobierno, detrás del llamado Paro Minero» está la mayor banda narco del país, el Clan del Golfo.
«No tenemos nada que ver con estos grupos», reclama el líder gremial Luis Campo, vestido de camisa de flores entreabierta que deja ver un crucifijo dorado, mientras recalca: «(somos) mineros de la zona».
«Nada más que hacer»
A sus 32 años, Luis representa a 20 mineros que «están sufriendo muchas necesidades» por la incineración de su draga en un operativo del ejército.
«No queremos seguir siendo perseguidos por el gobierno. Queremos llegar a un proceso de legalización donde podamos trabajar libremente, sin miedo», reclama.
Zaragoza, Cáceres… los nombres de las ciudades recuerdan que los españoles ya explotaban oro en el siglo XVII en los ríos del Bajo Cauca, entre ellos el Nechí, que baja de los Andes hacia la costa caribeña.
Antiguo bastión de los paramilitares de extrema derecha en los años 90, la región es hoy feudo de sus herederos del Clan del Golfo, el cartel más poderoso del país, con el que el presidente Gustavo Petro acaba de romper una tregua.
El mandatario izquierdista acusa al Clan de enriquecerse de la minería ilegal.
Con la subida de los precios y del dólar, el Bajo Cauca vive una nueva fiebre del oro: hombres pobres con su tradicional batea, potentes excavadoras amarillas y dragas imponentes se reparten los ríos. El gremio se dice «víctima» de extorsión por parte del Clan, y no cómplice de la organización como señala el gobierno.
«Aquí no hay más nada que hacer si no es minería», dice Campo. En El Bagre no hay «siembras» ni «ganado», añade con amargura.
En las últimas dos décadas la minería ilegal deforestó unas 70.000 hectáreas solo en el departamento de Antioquia, donde está el Bajo Cauca, según la gobernación.
Interrogado sobre este impacto ambiental, Campo sostiene que allí «el daño ya fue causado» por las explotaciones autorizadas por el gobierno hace décadas.
Según la autoridad local la depredación del bosque pasó de 10.000 hectáreas perdidas en 2021 a 15.000 en 2022.
Alex Cossio, capitán de otra draga, dice tener un plan ambiental para mitigar el daño.
«No hemos empezado a sembrar (árboles) ni nada porque tenemos dificultades por el paro», justifica.
«Brasileñas»
Hay casi 350 máquinas de dragado de todo tipo en el Bajo Cauca, según fuentes locales.
Van desde el simple flotador motorizado con una cinta transportadora improvisada, hasta las más grandes llamadas «brasileñas» o «dragones», que son unas 27 y protagonizan la crisis actual
También están las grandes dragas legales de la empresa Mineros Aluvial, una multinacional de capital colombiano y la única autorizada por el Estado en esta área de casi 50.000 hectáreas.
Una brasileña es «una embarcación de tres pisos, 20 metros de eslora, con grandes motores, que succiona el fondo de los cauces», explica el jefe del Ejército en la zona, general Eduardo Arias, quien describe el proceso como «ecocidio».
Bautizadas así por sus homólogas utilizadas en la Amazonía brasileña, su tecnología fue importada en 2005 por dos extranjeros de ese país que fueron encarcelados.
Las autoridades también acusan a los mineros de contaminar los ríos con el mercurio que usan para separar el oro de los sedimentos. Cossio lo niega:
«No utilizamos mercurio, todo los sacamos por medio de bateas. Demoramos entre dos y tres horas».
Tampoco «se manejan dineros oscuros» ni intervienen «manos turbias» en la operación, añade.
Estilo Mad Max
La AFP visitó varias de estas máquinas, entre ellas la flamante «Nativa», construida a finales de 2022 y capitaneada por Cossio.
«No tiene nada que esconder. Es un patrimonio familiar», explica Cossio, hijo de un jubilado de la compañía Mineros.
Ahora su «dragón» reposa en un brazo del río Nechí.
«Desafortunadamente la tenemos parada por el paro. El Estado todos los días nos sobrevuela», lamenta el robusto hombre de 41 años.
El primer piso alberga la sala de máquinas, donde un monstruoso motor acciona la motobomba. Al piso superior llegan toneladas de sedimentos que se acumulan en un colador gigante. Y un largo tubo desciende desde la proa para aspirar el lecho del río, dándole al navío un aire de escarabajo sacado de la película Mad Max.
Son prodigios de bricolaje, mecánica y reciclaje, construidos con ingenio por los locales. La mayoría cuentan con dormitorios y comedores en su cubierta superior, donde una veintena de personas conviven con el estruendo de los motores 24 horas al día. La tripulación cobra un porcentaje sobre las ganancias.
Ensamblar una brasileña cuesta unos 500.000 dólares. «Con los precios actuales, es rentable», dice Cossio.
El aparato puede excavar hasta 2 kilos de oro al día, que valen más de 50.000 dólares, según una fuente policial.
La AFP contabilizó al menos seis «brasileñas» quemadas en el Nechí. En Nueva Esperanza, un caserío ribereño y pobre donde tres dragas fueron blanco de una redada del ejército el 10 de marzo, mecánicos trabajaban en las reparaciones.
«Ya van tres veces que estos hijos de puta han quemado esta draga», maldice William, un miembro del equipo de barriga prominente.