Un incendio «atraviesa todas esas montañas, con sus valles de pradera fresca y verde, ¿y no lo paran?», se pregunta José Fernández, evacuado a sus 85 años por los incendios de España y enfadado con los políticos.
Como en las inundaciones que dejaron más de 200 muertos en Valencia en octubre de 2024, los incendios han provocado acusaciones de dejadez, de falta de medios, de mala gestión, de privatizar servicios esenciales y de negar o exagerar el cambio climático, dependiendo de quién hable.
A políticos y autoridades «les pongo un cero», añade Fernández, desalojado del pueblo de Vigo de Sanabria, en la provincia de Zamora, que espera en un albergue habilitado por las autoridades en la ciudad de Benavente, a una hora.
«Creo que han cometido una negligencia muy grande», sostiene José Puente, un jubilado de 65 años que fue desalojado de otro pueblo, San Ciprián de Sanabria, y está también en el albergue de Benavente.
Vigo de Sanabria y San Ciprián de Sanabria pertenecen a la zona del lago de Sanabria, un lugar hermoso de gran verdor y casas de piedra al que mucha gente viene buscando alivio del calor en verano.
Pertenece a Castilla y León. En esta región han muerto tres de los cuatro fallecidos en los presentes incendios y han ardido una parte importante de las más de 350.000 hectáreas consumidas por las llamas en el país en un par de semanas, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).
La situación en el frente de los incendios, sin embargo, ha mejorado desde el comienzo de la semana gracias sobre todo a la caída de las temperaturas.
Y de repente, «el infierno»
Desde San Ciprián se divisan, a lo lejos, las llamas del tenaz incendio de Porto de Sanabria. Una gran humareda se eleva entre las montañas entre el ir y venir de helicópteros y aviones cargados de agua.
Unos pocos vecinos se resistieron a la evacuación tras firmar una declaración asumiendo el riesgo, explican. «Hemos visto fuegos peores y más cercanos», asegura una vecina a la AFP, antes de que la Guardia Civil inste a los periodistas a irse.
Desde el albergue, Puente narra que las autoridades pecaron de «un poco de dejadez, un poco de soberbia», y subestimaron la capacidad del fuego de reavivarse. Pensaron que ya estaba «todo solucionado y de repente el fuego se convirtió en un infierno».
Castilla y León, Galicia y Extremadura están gobernadas por el Partido Popular (PP), conservador, como pasa en Valencia, la región afectada por las riadas en 2024. Al mismo tiempo, el PP es la primera formación de oposición al Gobierno del socialista Pedro Sánchez.
El PP acusa a Sánchez de retener ayuda a estas regiones para debilitar y poner en evidencia a sus autoridades, y los socialistas responden que los conservadores dedican poco dinero a los servicios públicos y dudan del cambio climático.
Las competencias en la lucha contra catástrofes recae en España en las comunidades autónomas, que, según la gravedad de la situación, pueden gestionarlas solas con sus medios, pedir ayuda al Estado -como ocurrió en las inundaciones y en estos incendios- o delegar totalmente la gestión en el Gobierno central si se ven superados.
En el caso de Castilla y León, la región es víctima desde hace décadas del éxodo del campo a las ciudades, de la decadencia de la agricultura y de la ganadería extensiva, que ayudaban a mantener el campo limpio y frenaban la propagación de incendios.
También paga su envejecimiento: con una edad media de 48,48 años, es la segunda región más vieja de España, lejos de la más joven, Murcia (41,58).
Apagar incendios como trabajar de camarero
Los bosques y la vegetación, secos en verano, se han extendido sin freno, pero el Estado y las regiones han recortado a la mitad el gasto en prevención de incendios desde 2009, según un informe del diario ABC.
Los recortes han sido particularmente acentuados en las regiones afectadas por los incendios de este verano, de acuerdo a este estudio.
La fiscalía ya ha ordenado investigar si los municipios afectados por los incendios respetaron sus obligaciones de adoptar planes de prevención contra el fuego, y ya se han dado manifestaciones en Galicia y Castilla y León contra la respuesta de las autoridades regionales a la catástrofe.
Castilla y León, presidida por el conservador Alfonso Fernández Mañueco, es la más señalada. Se da la circunstancia de que, en 2022, con él en el poder, la región ya sufrió los devastadores incendios de la Sierra de la Culebra, que consumieron más de 65,000 hectáreas.
Fernández Mañueco se escuda en las circunstancias «excepcionales» vividas este verano, aludiendo a una brutal ola de calor, y niega que envíen a combatir el incendio a personas contratadas a última hora y sin experiencia, como se ha dicho.
Jorge de Dios, agente medioambiental y delegado sindical de APAMCYL, asociación castellano-leonesa, que está en primera línea de fuego estos días, denuncia las condiciones laborales.
Explica a la AFP que la inmensa mayoría «del operativo de Castilla y León sólo trabaja cuatro meses al año», en verano y que eso ha de cambiar. Se trata de estudiantes, trabajadores ocasionales que lo dejan en «dos, tres, cuatro campañas».
«Jamás vamos a tener veteranos», gente «de 10-15» campañas contra los incendios, lamenta, gente en buena posición de afrontar «situaciones claramente de vida o muerte».
