El presidente de Francia, Emmanuel Macron, promulgó la impopular ley de la reforma de las pensiones, que apareció publicada el sábado en el Diario Oficial tras haber recibido la luz verde del Consejo Constitucional del país.
La decisión de este consejo provocó protestas inmediatas en las calles que, según la oposición y los sindicatos, pueden encenderse todavía más con la promulgación de este texto que retrasa la edad de jubilación y amplía la exigencia de años cotizados.
Después de la luz verde de este órgano, la presidencia francesa había anunciado que Macron iba a promulgar la ley durante el fin de semana, sin agotar los 15 días de margen de los que dispone a pesar de la petición «solemne» de los sindicatos para retrasar su ratificación.
Es la «única manera de calmar la ira expresada en el país», habían dicho los sindicatos en un comunicado.
La oposición, tanto de izquierda como de ultraderecha, también se lo pidió.
«La entrada en vigor de esta reforma marcará la ruptura definitiva entre el pueblo francés y Emmanuel Macron», advirtió la líder ultraderechista Marine Le Pen, a quien la crisis actual beneficia en los sondeos.
«Temo un estallido social», dijo por su parte el jefe del Partido Comunista, Fabien Roussel.
El Constitucional validó el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, a partir de 2027 para cobrar una pensión completa, pese al constante rechazo desde enero de los sindicatos y de la mayoría de los franceses, según los sondeos.
El anuncio fue acogido con abucheos por cerca de 3,000 manifestantes congregados frente a la Alcaldía de París, constató la AFP.
«Vamos a seguir, intensificaremos las manifestaciones (…). Macron tendrá que dar marcha atrás», declaró John Barlou, un desempleado de 37 años.
Los nueve «sabios» del Consejo Constitucional rechazaron además una solicitud de la oposición de izquierda de convocar un referendo para limitar la edad de jubilación a 62 años.
Aunque anuló partes de la reforma, la validación de los puntos clave de la ley reconforta al gobierno.
«Esta tarde, no hay ni vencedores ni vencidos», tuiteó la primera ministra Élisabeth Borne tras conocerse la decisión.
