La directora General de Aduanas (DGA), Samadhy Martínez y el director General de Impuestos Internos (DGII), Marlon Vásquez, informaron que 368 contribuyentes evadieron $280 millones en impuestos debido al decreto 127 promovido por el exdiputado Rodolfo Parker en 2018 y que el 1o. de octubre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo declaró inconstitucional.
El director de la DGII detalló que su unidad dejó de analizar 313 casos que fueron enviados a archivo debido al proceso inconstitucional, indicó que con esos procesos pretendían recaudar $139 millones, aparte de multas e intereses a los mismos.
«Es importante presentar que un 50% de los casos todavía no se encontraba en la etapa de determinación y de estos $139 millones, el 50% estaban en su etapa final listos para emitir su resolución final. Podemos integrar en estos casos un 60% de auditorías relacionadas con Impuesto Sobre la Renta, un 40% asociados al Impuesto sobre el Valor Agregado», detalló Vásquez. Explicó que los procesos están categorizados en: 35% son grandes contribuyentes, 30% medianos y el resto a otros contribuyentes.
El titular de la DGII enfatizó que en total había 40 procedimientos especiales asociados a multas que no fueron impuestas, las cuales ascienden a $25,000. «Ya tenemos identificados y estamos preparados para en un periodo de 90 días finalizar las auditorías».
Por su parte, la directora de Aduanas destacó que tienen 55 casos que fueron cerrados, los cuales se estiman en $9.9 millones sin contar las multas y tributos. Explicó que 26 empresas son de Depósitos de Perfeccionamiento Activo (DPAS), dijo que a esta industria se le dan beneficios por zonas francas e incentivos fiscales.
«El resto de los casos: comercio y servicio 46% y 22% grandes contribuyentes, 48% medianos y el 30% pequeños. La sentencia nos habilita que en 90 días o en menos debemos cerrar estos casos y recuperar este dinero», resaltó Martínez.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, enfatizó que buscan un ataque frontal a la evasión de impuestos y no pretenden criminalizar a los empresarios. «La mayoría son muy buenos empresarios, cumplen con sus obligaciones, pero debemos corregir de esas pequeñas falencias de esos pocos malos empresarios para que no se propaguen a otros contribuyentes. No estamos criminalizando vamos a terminar las auditorías, pero respetando los procesos de cada contribuyente», advirtió el ministro.
