De las pandillas se pueden contar por miles las historias de terror. Como la del 20 de junio de 2010 cuando quemaron un microbús de la ruta 47 y 17 personas inocentes murieron carbonizadas en Mejicanos, San Salvador; o la escalofriante escena de 11 trabajadores asesinados a machetazos y con armas de fuego el 3 de marzo de 2016 cuando laboraban en un proyecto de electricidad en San Juan Opico, La Libertad.
Más de 91,000 pandilleros han sido capturados en el marco del régimen de excepción por crímenes brutales como el ocurrido el 16 de enero de 2018 en la noche, cuando un grupo de pandilleros masacró en la carretera a Los Naranjos, en Sonsonate, a cinco familiares del preparador físico de fútbol Omar Pimentel. Un viaje de diversión terminó en tragedia para una familia, víctima de estructuras que no respetaron principios esenciales como el derecho a la vida.
Cuando el Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Vio laciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Sal vador (Gipes) llama a liberar encarcela dos, parece borrar de la historia hechos como el asesinato de cuatro soldados que el 10 de octubre de 2016 tomaron un autobús equivocado y fueron tortu rados y asesinados por pandilleros en la colonia Vista al Lago, en Ilopango, San Salvador Este.
«De verdad me alegra que se hayan quitado totalmente la máscara; así todos, dentro y fuera de El Salvador, pueden ver claramente los objetivos de estas organizaciones, que no son más que los bufetes legales internacionales del crimen. Su objetivo es claro: quieren ver caos en nuestros países», reaccionó el presidente de la república, Nayib Bukele.
En 2015, cuando el promedio de homicidios era de 18 por día, cinco jóvenes que colocaban concreto en una calle fueron asesinados por un grupo de pandilleros de la 18 en el cantón Buena Vista, en el distrito de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.
La tasa de homicidios de 2015 llegó a un promedio de 106.3 por cada 100,000 habitantes, que marcó una diferencia abismal comparado con 2025, cuando ya se ejecutaba el Plan Control Territorial (PCT) y medidas como el régimen de excepción, de la actual administración. Ese año finalizó con un récord histórico de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.
RECUPERANDO EL TERRITORIO
En 2019, con la llegada de una nueva administración gubernamental, se marcó un punto de inflexión, con un combate frontal a las estructuras criminales que extorsionaban, secuestraban, mataban y limitaban la libre circulación ciudadana. Para 2020 la tasa de homicidios bajó a 23 por cada 100,000 habitantes.
Con la implementación del PCT, el Estado comenzó a recuperar territorios dominados por las pandillas y mandó a los criminales a las cárceles, a pesar de las críticas de organizaciones de derechos humanos que señalan «abuso de autoridad y detenciones arbitrarias».
El presidente Bukele ha criticado que organizaciones de derechos humanos se interesan más por defender los derechos de los delincuentes que los de la gente de bien. «No han defendido los derechos de la gente honrada, como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las oenegés incluso, está enfocado en los derechos de los delincuentes; que tienen derecho, nadie dice que los delincuentes no tienen derecho, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada a nadie le importan sus derechos?», ha cuestionado el mandatario.
Zaira Navas, abogada de Cristosal y ex inspectora general de la Policía Nacional Civil (PNC) en los gobiernos del FMLN, afirmó en un video que circula en redes sociales que las pandillas eran «un fenómeno social muy arraigado en la sociedad salvadoreña de la cual dependen económicamente muchas familias».
Estas declaraciones han generado fuertes críticas. «Con esa mentalidad, ¿cómo podía exigirle a la Policía combatirlas? Ahora entendemos por qué las defiende», posteó Christian Guevara, jefe de fracción de la bancada de Nuevas Ideas.
Desde la toma de posesión de la administración Bukele, se registran más de 1,170 días sin homicidios a escala nacional. Estas cifras distan de las múltiples jornadas violentas que eran parte del día a día de los salvadoreños antes de 2019.
MICROBÚS DE MEJICANOS: 17 MUERTOS
El domingo 20 de junio en la noche, un grupo de pandilleros de la 18 interceptó un microbús de la ruta 47 en la colonia Jardín, de Mejicanos, en San Salvador. Los criminales desviaron la unidad y bajo amenazas obligaron a más de 30 pasajeros a permanecer en el interior de la unidad.
Esta acción habría ocurrido en vengan za por el asesinato, el día anterior, de un pandillero con alias Crayola. En la unidad viajaban mujeres, hombres y niños que regresaban a sus casas. Los criminales comenzaron a rociar gasolina en el microbús, ante la mirada de terror de los pasajeros que pistola en mano y fusiles fueron obligados a permanecer adentro. Inmediatamente, los pandilleros le prendieron fuego y provocaron la muerte de 17 pasajeros, algunos de ellos en el lugar y otros mientras eran atendidos en un centro hospitalario.
SAN JUAN OPICO
El 3 de marzo de 2016 fueron asesinadas 11 personas en el caserío Las Flores, del distrito de San Juan Opico, en La Libertad. Ocho de las víctimas trabajaban para una empresa distribuidora de energía eléctrica que efectuaba instalación de postes en la zona, mientras que los otros tres eran trabajadores de la cosecha de caña.
Las víctimas, identificadas como Carlos López Rafael, Érick Salvador Moisés Durán, Nicolás Ascencio, José Alfonso Hernández Menjívar, Marvin Iván Durán Santos, José Carlos Espinoza Bel trán, Francisco Javier Ábrego, Jerson Carlitos Carías Murcia, Jorge Alberto Colorado Cabrera, Jónathan Gabriel Castellanos Rivas y Miguel Ángel Hernández, fueron asesinadas con machetes y escopetas por pandilleros de la 18 revolucionarios. Según las investigaciones, los delincuentes buscaban a pandilleros rivales, pero encontraron al grupo de trabajadores y sin piedad los masacraron con lujo de barbarie.
SANTA CRUZ MICHAPA
El 27 de enero de 2015, un grupo de pandilleros de la 18 perpetró la masacre de cinco trabajadores que estaban aplicando concreto en una calle que conecta los cantones Ánimas y Buena Vista, en el distrito de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.
De acuerdo con las investigaciones, en el lugar había varios empleados cuando el grupo de sujetos encapuchados llegó, y eligió a cinco jóvenes al azar, para asesinarlos. Las víctimas fueron identificadas como Edwin Alfonso Vásquez Cruz, Juan Pablo Irías García, Nelson Armando Juárez, José Ricardo Molina Mejía y Josué Carlos Alvarado Alvarado.
Las investigaciones señalaron que ninguno de ellos tenía vínculos con las pandillas.
FAMILIA PIMENTEL
El miércoles 16 de enero de 2019 en la noche fueron asesinadas cinco personas en el distrito de Nahuizalco, Sonsonate, cuando regresaban de presenciar un partido de fútbol en el estadio Ana Mercedes Campos. Las víctimas eran familiares de Omar Pimentel, preparador físico del equipo Sonsonate F. C. Según las investigaciones, en el camino de regreso se le ponchó una llanta al vehículo en la carretera Los Naranjos, cerca del cantón El Canelo. En ese momento fueron interceptados por un grupo de pandilleros que los torturaron y se los llevaron a la finca Los Reyes, del cantón Los Arenales, donde fueron asesinados.
Las víctimas fueron identificadas como Rosa Ivette Colindres de Pimentel, esposa de Omar Pimentel; Marco Antonio Pi mentel Colindres, su hijo de 12 años; Silvia Jaco de Colindres, su suegra; Carlos Ernesto Joaquín Colindres, su cuñado; y Tania Monterrosa, novia de Colindres.
SOLDADOS ASESINADOS EN VISTA AL LAGO
El 10 de octubre de 2016 cuatro soldados que se dirigían a una capacitación en el Comando de la Fuerza Aérea, en Ilopango, San Salvador, cometieron un error fatal al tomar una ruta de bus equivocada.
De acuerdo con las investigaciones, Leonidas Morales, Nelson Díaz, Saúl Turbín Gómez y Wilfredo Pérez, quienes provenían de Ahuachapán y Sonsonate, fueron interceptados por pandilleros de la MS-13, quienes los bajaron de la unidad de transporte colectivo, los torturaron y los asesinaron en la colonia Vista al Lago, de Ilopango. Los soldados fueron enterrados en una fosa clandestina junto con otras víctimas de la misma pandilla. Los cuerpos fueron hallados en septiembre de 2019.
