«Es una decisión difícil, que hemos tomado en respuesta a la nueva regulación de Transparencia y Orientación de la Publicidad Política (TTPA) de la UE», anunció la compañía.
«Meta -al igual que otras plataformas- ya no permitirá publicidad política, electoral o relativa a cuestiones sociales en nuestras plataformas en la UE», señaló la firma.
La decisión fue adoptada a la la luz de las «inviables exigencias y las incertidumbres legales» planteadas por la normativa europea.
Este cambio en las operaciones, indicó Meta, «es específico de la UE (…): los anuncios publicitarios políticos, electorales y sociales seguirán estando permitidos fuera de la UE con normalidad».
Dentro del espacio de la UE, los usuarios de las plataformas de Meta podrán publicar mensajes y debatir sobre temas políticos, destacó la firma.
Meta aseguró que «la publicidad política en línea es una parte vital de la política moderna, ya que conecta a las personas con información importante sobre los políticos que los representan».
No obstante, agregó, la legislación europea «introduce obligaciones adicionales en nuestros procesos y sistemas que crean un nivel insostenible de complejidad e inseguridad jurídica para los anunciantes».
Tensiones
En enero, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, acusó a la UE de «censura» y equiparó las multas del bloque a la empresa a aranceles.
La más reciente disputa entre Meta y la UE se refiere al sistema de pago para evitar que la firma utilice datos personales, denominado «pago o consentimiento».
La UE impuso a Meta una multa de 200 millones de euros (235 millones de dólares) en abril después de concluir que violó las reglas sobre el uso de datos personales en Facebook e Instagram.
La compañía enfrenta sanciones diarias adicionales si no realiza cambios, pero la UE aún debe decidir si Meta ha modificado sus plataformas lo suficiente como para evitar más multas.
Google ya anunció el año pasado que también eliminaría la publicidad política a partir de octubre de 2025 debido a los «nuevos desafíos operativos e incertidumbres legales».
La UE adoptó en años recientes una estricta red de leyes que regulan la operación de las plataformas digitales, en su mayoría estadounidenses.
En esa disputa, plataformas digitales como las de Meta o Google se quejan de que la normativa legal equivale a una camisa de fuerza para la libertad de expresión.
Se trata de un argumento que resuena en forma particularmente profunda en el actual gobierno estadounidense.
El Departamento de Estado acusó el martes a países europeos de condenar a personas por «el crimen de criticar a sus gobiernos».
En el Congreso de EEUU, el Comité de Asuntos Jurídicos llegó al punto de considerar que la legislación europea era una «amenaza externa de censura».
El titular de ese Comité, el legislador Jim Jordan (un aliado del presidente Donald Trump) mantendrá el lunes próximo una reunión en Bruselas con la comisaria europea a cargo de temas digitales, Henna Virkkunen.
