L os mexicanos empezarán a elegir hoy a todos sus jueces, un ejercicio inédito en el mundo que el oficialismo de izquierda defiende como clave contra la impunidad, pero que según sus críticos consolidará un régimen autoritario y abrirá una rendija a los criminales.
La elección es fruto de una reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien enfrentó el bloqueo judicial a ambiciosos proyectos, desde cambios constitucionales hasta grandes obras.
Su sucesora y copartidaria, la izquierdista Claudia Sheinbaum, argumenta que el voto popular ayudará a reducir los intolerables niveles de impunidad: 90 % de casos sin sentencia.
Pero para sus detractores el verdadero objetivo es controlar el Poder Judicial y acabar con el único contrapeso al oficialismo, que domina el legislativo y la mayoría de las gobernaciones.
«Hay quienes dicen que el pueblo no sabe. Pues están muy equivocados. El pueblo es muy inteligente y sabe por quién va a votar», aseguró la popular mandataria, quien rechazó que los mexicanos sean indiferentes a la elección.
Sin embargo, se estima que solo la mitad de los electores sabe la fecha de los comicios y cuatro de cada 10 están seguros de participar, según encuestas de los diarios «El Universal» y «El País».
En un contexto de franco debilitamiento de los partidos opositores, activistas llamaron a protestar el domingo contra esta primera etapa, en la que serán elegidos 2,600 jueces federales y magistrados de 19 de 32 estados.
Los restantes 4,000 jueces locales serán votados en 2027. La jornada no tiene antecedentes, pues, si bien países como Estados Unidos o Bolivia contemplan la elección popular de algunos jueces, en ninguno se había empleado hasta ahora para designar a todos los magistrados.
Aunque en el papel el proceso es apartidista, expertos opinan que la Suprema Corte de Justicia —gran piedra en el zapato de López Obrador— podría quedar con una mayoría afín al Gobierno.
EXABOGADA DEL CHAPO
En un país golpeado por la corrupción y la violencia criminal, la elección aumenta el temor de que los jueces terminen sometidos al poder político y económico, o a las amenazas de narcotraficantes.
Una ONG crítica de los comicios detectó a 19 candidatos señalados por vínculos con carteles, corrupción y abuso sexual.
Incluso Silvia Delgado, una antigua abogada del legendario narcotraficante Joaquín «el «Chapo Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos, es candidata a jueza del estado de Chihuahua (norte).
La eventual victoria de personas cuestionadas solo podrá impugnarse tras la votación, en la que participan miles de aspirantes que fueron seleccionados por los tres poderes del Estado. La elección también desafía la independencia de la justicia.
«Podría incrementar el riesgo de que los candidatos […] busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección», lo que comprometería la imparcialidad, advirtió en un informe Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.
Para Olimpia Rojas Luviano, abogada de 28 años, «la justicia no se vota» porque ante todo requiere funcionarios especializados y con experiencia. La sociedad mexicana «no está preparada para este ejercicio», añadió.
