Desde hace más de un mes, Alberto vive encerrado en el pequeño cuarto que alquila en Los Ángeles, por miedo a encontrarse con los agentes de migración, ni siquiera ha salido a hacer las compras.
«Es terrible», suspira este salvadoreño, de 60 años, sin visa para permanecer en Estados Unidos, «es un encierro que no se lo deseo a nadie». Para sobrevivir, el hombre se apoya en una organización que le lleva alimentos dos veces por semana.
«Me ayuda muchísimo, porque si no tengo esto […] ¿cómo voy a comer? No tengo trabajo», dijo Alberto, quien por temor se identifica con un seudónimo. En la arremetida antiinmigración de comienzos de junio en Los Ángeles cientos de personas, en su mayoría latinos, fueron detenidos en las calles, o en lugares de trabajo como autolavados, ferreterías y fincas agrícolas. Videos en redes sociales mostraron a agentes enmascarados y armados ensañarse con los migrantes.
La aparente brutalidad y arbitrariedad de las operaciones desató una ola de protestas en Los Ángeles, algunas de las cuales terminaron en actos de violencia y vandalismo. Con el argumento de que la ciudad sucumbía al caos, el presidente Donald Trump envió a cientos de marines y efectivos de la Guardia Nacional, a pesar de que las autoridades regionales y locales afirmaban tener la situación bajo control.
Una redada en un autolavado, en la que varios de sus amigos fueron arrestados y luego deportados, dejó a Alberto atrincherado en su habitación y ya no volvió al trabajo. A pesar de ser prediabético, duda de ir a su próxima cita médica. Solo sale para estirar las piernas en el pasillo que lleva a su cuarto.
«Estoy muy estresado. Me duele la cabeza, el cuerpo», se quejó Alberto mientras lamentó no poder trabajar. Hace 15 años que está en Estados Unidos y piensa que este segundo mandato de Trump «es lo peor de todo».
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«PUEBLOS FANTASMAS»
Trump regresó a la Casa Blanca gracias, en parte, a su discurso en contra de la inmigración. Pero su ofensiva en Los Ángeles, donde hay cientos de miles de trabajadores indocumentados, sorprendió a la ciudad.
El miedo a las redadas en los lugares de trabajo o en las paradas de autobús se expandió. En junio, el uso del sistema de transporte público cayó 13.5 % en comparación con el mes previo.
«Cuando manejas en ciertos vecindarios, a veces parece como un pueblo fantasma», describió Norma Fajardo, de CLEAN, una oenegé que agrupa a trabajadores de autolavados.
El grupo, junto con otras organizaciones, ayuda con donaciones de comida a aquellos que se escondieron en sus casas. «Esto es muy necesario», refiere Fajardo, una estadounidense de 37 años que considera la situación como «muy triste e indignante». «La gente debería poder ir a su trabajo sin temor a ser secuestrada», manifestó.
En junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a más de 2,200 personas en el área de Los Ángeles, de acuerdo con documentos analizados por AFP. Un 60 % de ellos no tenía antecedentes penales.
«NUEVA NORMALIDAD»
El Congreso acaba de aprobar enormes recursos financieros para el ICE, incluyendo $30,000 millones destinados a la contratación de 10,000 agentes adicionales para operativos de detención y deportación.
Por esto, Fajardo cree que la arremetida no va a parar. «Parece la nueva normalidad», dijo, «la primera vez que supimos de una redada en un autolavado nos sentimos en una situación de emergencia. Recién ahora comenzamos a aceptar que tenemos que hacer planes a largo plazo».
Las donaciones de alimentos también se volvieron esenciales para Marisol, una hondureña que ha pasado semanas confinada en su apartamento con 12 familiares. «Le damos gracias a Dios constantemente […] porque ha sido un gran alivio», compartió la mujer, de 62 años, que no ha ido a misa.
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