Los buses varados, la terminal en Soyapango funcionando como un centro de acopio y las estaciones de transbordo sucias y solo custodiadas por soldados, esto es lo único que se tiene hasta la fecha de la implementación del proyecto insignia en gobiernos del FMLN: el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), un viaje que solo acarreó millonarias deudas.
Las irregularidades encontradas en el proyecto como adjudicaciones favorecidas, subcontrataciones, anticipos y prórrogas, que se cometieron principalmente durante la administración de Gerson Martínez, han dejado una millonaria deuda que debe ser absorbida por el Estado.
Una de las deudas emblemáticas es que en la gestión de Martínez se utilizó a miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) para dar seguridad al proyecto, pese a que este negocio es de carácter privado. Según las actuales autoridades, el servicio que se brindó al Sitramss se realizó a través de un convenio que suscribieron los funcionarios del gobierno anterior.
Por la seguridad que brindaron los militares en las paradas, el MOP debe a la institución $1.3 millones «en concepto de viáticos de los soldados por la seguridad», esto ha sido repetido en varias ocasiones por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
En marzo del 2020, Rodríguez pidió a la Fiscalía General de la República investigar las supuestas irregularidades en la adjudicación y operaciones del Sitramss, entre ellos la deuda con el ministerio de Defensa.
La actual administración ha detallado que se utilizaron fondos públicos para dar seguridad a una empresa privada.
El Sitramss es «un proyecto con muchas anomalías, incluso hay multas que tuvieron que haberse puesto, por ejemplo, en 2013 se tuvo que haber puesto una multa por $2 millones y no se puso esa multa», dijo el ministro en esa ocasión.
CRÍTICAS
El Sitramss ha sido un proyecto cuestionado por diversas anomalías; este dividió a los empresarios del transporte público, ya que un grupo afín a aquel Gobierno del FMLN creó en tiempo récord la sociedad Sistema Integrado de Prepago (Sipago) –diciembre de 2010– y dejaron fuera del negocio a transportistas que no estaban de acuerdo en cómo se ejecutaría el proyecto.
Ahora las terminales y paradas de buses son propiedad del Estado, pero todas las unidades de transporte fueron adquiridas por Sipago, las cuales no están operando.
DENUNCIAS POR IMPAGOS
En diciembre del año pasado trabajadores de Sipago y Sitramss denunciaron la falta de pago por parte de las empresas que suspendieron el servicio de transporte por la prohibición de circulación del transporte público como prevención ante la COVID-19.
Los trabajadores dijeron que no han recibido ninguna información sobre la reanudación de operaciones por lo que pedían el reinstalo o el pago de la indemnización correspondiente, ya que la medida de suspensión se terminó en agosto del 2020.
Sobre esto, Eduardo Villanueva, director de la Unión de Empresas, dijo que «a todos los empleados se les han cancelado todas sus obligaciones; los contratos están suspendidos desde que se paró el sistema; si eventualmente se decide cerrar la operación o se vendieran las unidades (opción que también es viable) a todos los empleados se les cancelarán todos sus derechos de acuerdo a ley laboral», contó.
